Decenas de personas afectadas por la venta, por parte de la Comunidad de Madrid, de 2.935 viviendas públicas al fondo de inversión Azora, financiado por el banco de inversión Goldman Sachs, se concentraron el pasado 3 de septiembre ante los juzgados de plaza de Castilla a iniciativa de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA y de la EMVS y de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social. 

La concentración coincidía con la declaración de la directora general del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), Ana Gomendio, imputada por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En su comparecencia ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 48, Gomendio precisó que fue su predecesor en el cargo, Juan Van Halen, quien puso en marcha el proceso de licitación. 

Los abogados de la acusación solicitarán, por tanto, la comparecencia de Van Halen, en la actualidad director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo para que aclare por qué se llevó a cabo la venta de las viviendas, que en su mayor parte forman parte del Plan Joven de Alquiler, y por qué se realizó por debajo de los precios del mercado.

La propia Defensora del Pueblo reconoce que ‘se ha producido una privatización total de la situación jurídica de los arrendatarios que les perjudica puesto que antes estaban más protegidos’, motivo por el cual recibirá a una representación de las familias afectadas el próximo 11 de septiembre, algunas de las cuales se hallan al borde del desahucio por no poder hacer frente a los alquileres. 

Venta de viviendas públicas por parte de empresas municipales

La venta de viviendas sociales no es una estrategia exclusiva del Gobierno regional. La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) también se deshizo de 1.860 viviendas públicas. La operación fue denunciada por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Madrid y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 18. 

El 1 de septiembre el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid anunciaba la enajenación, por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcalá de Henares de 54 viviendas y 54 plazas de garaje de régimen especial en arrendamiento de Espartales Sur y de 29 viviendas y 29 plazas de garaje con protección pública para jóvenes y mayores en arrendamiento de Espartales Sur. 

La venta de viviendas sociales no es una estrategia