Ecologistas en Acción Madrid, PZN y FRAVM vienen denunciado esta versión de la Operación Chamartín desde su misma concepción. Ya en 2017, cuando Manuela Carmena presidía el Ayuntamiento de Madrid, estos colectivos fueron excluidos del proceso de debate y definición de la actuación urbanística, incumpliéndose los acuerdos alcanzados en las mesas de participación previas.
Estos colectivos recuerdan que el proyecto Madrid Nuevo Norte cuenta con varios recursos contencioso administrativos interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tanto por particulares como por asociaciones como Ecologistas en Acción Madrid, FRAVM o el Club de Debates Urbanos. Por ello, en algún momento podría ser anulado por sentencia judicial.
De forma resumida estas son las razones que motivan la oposición al proyecto:
– La ordenación aprobada supone desaprovechar un espacio estratégico para el reequipamiento y la renaturalización del norte de Madrid, en línea con la Agenda Urbana Española y los principios internacionales del urbanismo y el desarrollo sostenibles. Estos documentos que han sido suscritos por el Estado español, en los últimos 10 años, proponen un modelo urbano de ciudad de proximidad e inclusión, opuesto a lo que representa Madrid Nuevo Norte.
– Esta ordenación no es sino una concesión de un suelo mayoritariamente público al operador privado DCN que sin tener la titularidad de un solo metro cuadrado ha impuesto unas exigencias en términos de edificabilidad abrumadora (equivalente a edificar unas 25 torres similares a las de la prolongación de La Castellana) y de usos y actividades solo definidos por su rentabilidad y no por su necesidad social.
– Frente a la emergencia habitacional madrileña, con varias decenas de miles de familias sin acceso al mercado formal de vivienda, y sin una política de vivienda social digna de tal nombre, la ordenación aprobada carece de ninguna previsión de oferta habitacional para dicha población en situación de pobreza.
– La voracidad por la rentabilidad contable es tal que, en un espacio con gran calidad y potencial medioambiental, las zonas verdes públicas a las que obliga la ley a toda actuación urbanística, se concentran en este caso en una enorme losa de hormigón de 17 hectáreas, sobre el haz de vías de la Estación de Chamartín. Asimismo, la ordenación exige la destrucción y traslado de servicios urbanos existentes, de escala regional y en buen estado, en particular las cocheras de la EMT y las instalaciones y redes del Canal de Isabel II. Un adefesio y un derroche de recursos a los que obliga la desmedida edificabilidad lucrativa, que apenas deja suelo para espacios libres públicos.
– El efecto que esta ordenación, por sus dimensiones e insostenibilidad, provocará en el conjunto del espacio metropolitano madrileño es múltiple: desde el incremento de demanda de movilidad que implica la concentración de usos y actividades generadoras de empleo (sobre todo oficinas), en un reducido espacio; hasta la profundización del desequilibrio funcional y social de aquel territorio: un norte de rentas altas y empleo de calidad, vs un sur de ciudades dormitorio infradotadas e infraestructuras de impacto ambiental negativo.
– Si el proyecto Madrid Nuevo Norte, en 2017, ya era un disparate inviable desde el punto de vista del mercado inmobiliario, tras la pandemia es aún más evidente. Con la alteración de este mercado, en especial en lo relativo a la fuerte caída de la demanda de oficinas, así como con el obligado replanteamiento del modelo de vida y de ciudad en una lógica ecológica y sostenible, el modelo de la Operación Chamartín no tiene futuro.
– Esto, que no es un inconveniente para los operadores financieros, como el BBVA (el socio mayoritario de DCN) que simplemente pretenden hacer caja con estas operaciones inmobiliarias – y que de hecho ya tiene apalabrada la venta a terceros de su participación – condena a este espacio estratégico de la ciudad a la infraurbanización y abandono como suelo expectante. Estamos ante el mismo juego especulativo de los últimos 28 años, cuando este despropósito se puso ideó.
– A este respecto queremos también desmentir las afirmaciones de Adif en el sentido de que esta operación se justifica por las necesidades de inversión en la nueva estación de Chamartín: estas se pueden financiar con los recursos del Estado como se ha venido haciendo hasta el presente con las numerosas ampliaciones y mejoras que se han implementado en esta estación – y en el resto de la red ferroviaria – desde el lanzamiento de la operación en 1993.
Es evidente que la capacidad de impacto en la opinión pública, como entidades de la sociedad civil sin ánimo de lucro cuyo único recurso es el trabajo voluntario de la ciudadanía, es infinitamente menor que el que puede conseguir tanto la empresa concesionaria de la operación (con el primer banco español detrás, que como se ha sabido a través de los sumarios del excomisario Villarejo no duda en recurrir a cualquier medio para sus fines), como las instituciones públicas que por ignorancia o por complicidad con aquella la secundan derrochando fantasía tan hueca como irresponsable (la creación de cientos de miles de puestos de trabajo). Sin embargo, el hecho de que la campaña mediática pro-MNN ocupe un gran espacio en los medios con su retórica de la sostenibilidad y la participación, no cambia su naturaleza radical y objetivamente antisocial y antiecológica.
