Representantes de la FRAVM, de la Plataforma 2015 y +, de Ecologistas en Acción, del SUP, de ATTAC, de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública…, entre otras organizaciones sociales, mostraron ayer su preocupación y radical rechazo al nuevo plan de ajuste aprobado por el Gobierno y por el anuncio de la aprobación urgente de la reforma del sistema público de pensiones que pretende retrasar la edad de jubilación legal a 67 años y recortar sus prestaciones.
En una reunión celebrada con los secretarios generales de CCOO y UGT, llamaron la atención sobre el hecho de que el Ejecutivo de Zapatero desoyó la voz de los trabajadores y trabajadoras que participaron mayoritariamente en la Huelga General del pasado 29 de septiembre contra la reforma laboral y el primer plan de ajuste aprobado el mes de mayo, que también incluía un importante recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo. A juicio de las organizaciones, el gobierno profundiza en la misma dirección: la disminución de los impuestos a las empresas y la privatización de servicios públicos se acompaña en esta ocasión con la supresión de la ayuda de 420 euros a los parados que han agotado las prestaciones por desempleo, cuestión especialmente grave por cuanto a lo largo del próximo año muchos cientos de miles de parados y paradas se quedarán sin dichas prestaciones.
La reiterada justificación de que las medidas de ajuste y las llamadas reformas estructurales son necesarias para obtener la confianza de los mercados financieros suponen el reconocimiento de un inadmisible sometimiento de los gobiernos democráticos a unos entes dominados por los especuladores –los mismos que propiciaron la crisis- y un profundo deterioro de la democracia.
