El pasado 16 de abril a las 13h, el Partido Popular de Madrid estaba llamado a comparecer, en las personas de su actual presidenta, Esperanza Aguirre; del responsable de Finanzas y presidente del comité jurídico, Salvador Vitoria o la consejera de Educación, Lucía Figar, a un acto de conciliación previo a una querella por calumnias, injurias y difamación solicitada por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Giner de los Ríos y la Asociación Vecinal Palomeras Bajas.
Los hechos se remontan al pleno de la Asamblea de Madrid del 6 de octubre del pasado año. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, acusó a los referidos colectivos de hacer un ‘negociazo’ con la venta de las camisetas verdes que, con el lema “Escuela pública de todos y para todos”, se han convertido en símbolo de la lucha ciudadana contra los recortes que el Gobierno regional madrileño ha aplicado en la educación pública.
El ‘negociazo’ se basa en unos cálculos según los cuales las asociaciones obtienen por la venta de cada camiseta ‘dos euros limpios y libres de impuestos que no pasan por el fisco’, una “plusvalía” que multiplicada por 1.700 camisetas semanales, habría reportado unos beneficios, calculados “a la baja”, de 9.000 euros. Salvador Vitoria, el portavoz popular en temas jurídicos, calificó la venta de camisetas de ‘inmoralidad’, acusó a las entidades de ‘hacer el agosto con la buena fe de mucha gente, como los educadores, que las adquieren sin saber que están pagando un beneficio para entidades privadas’ y llegó a hablar de ‘un negocio fraudulento que se hace al margen de la ley’.
El PP de Madrid denunció finalmente a la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, a la FAPA Giner de los Ríos y a la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas por un presunto fraude tributario, con el argumento de que la venta de estas prendas es ‘una actividad lucrativa’ y que las asociaciones no dan tique ni declaran los impuestos relacionados con la actividad. Los populares pidieron ‘la apertura de un expediente sancionador’ por no pagar IVA ni Impuestos de Sociedades.
Por todo ello, las organizaciones sociales presentaron una demanda de conciliación previa a una querella por calumnias, injurias y difamación contra Esperanza Aguirre, Salvador Vitoria y Lucía Figar que, a juicio de las asociaciones, quisieron levantar una “cortina de humo” con sus declaraciones atacando la difusión de camisetas verdes toda vez que “se han convertido en símbolo de unidad” ante la estrategia de “desmantelamiento de servicios públicos para ponerlos en manos de empresas e intereses privados que le son afines ideológica y políticamente”.
En representación de los citados a conciliar, se presentó un procurador que se limitó a manifestar “…que se opone a la petición de conciliación de acuerdo con los motivos que en su momento se alegarán”. Es decir, entienden las asociaciones, ‘que los citados renuncian a tener una salida sencilla reconociendo sus errores y falta de certeza en lo que afirmaron, algo siempre deseable’, pero, además ‘de no reconocer que sus afirmaciones de fraude fiscal no son ciertas, emplazan a quienes queríamos conciliar a llegar a un escenario posterior en el que se supone que sí aportarán las pruebas que, hasta ahora, nunca han aportado y que, las organizaciones acusadas injustamente, reiteramos, no pueden tener, pues no existe ningún fraude’.
Las organizaciones acusadas continuarán, por tanto, el camino en defensa de nuestros derechos y acudir a la presentación de la querella criminal, como ya anunciaron en caso de que el acto de conciliación no fuera satisfactorio.
