Después de cinco años de pelea para que se haga justicia y se reconozcan sus derechos como moradores de unas viviendas que en su día fueron públicas y protegidas, las casi 3.000 familias afectadas no están dispuestas a que su caso se cierre en falso. Por ello, días después de conocer el cambio de criterio del Ministerio Público en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid se manifestarán para rogar al juez que continúe su investigación hasta las últimas consecuencias. La concentración comenzará a las 10:30 ante el edificio de los Juzgados de Plaza Castilla.

La asociación de damnificados no entiende a qué se debe el repentino cambio de postura de la Fiscalía Provincial, que ahora considera que “no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos” cuando antes sostenía que el proceso de enajenación de los inmuebles estuvo “trufado de irregularidades”. Recordemos que en 2013, cuando se produjo la vergonzosa operación de venta de 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos del IVIMA al fondo buitre Goldman Sachs se encontraba al frente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, político del PP que ha llegado a estar en prisión por su participación en la trama de corrupción del caso Lezo.

En estos momentos, los abogados de AVVI esperan la llegada del escrito de la Fiscalía que pide el archivo del caso penal para estudiar las posibilidades de recurrirlo.

Al margen de esta causa, siguen abiertos cinco procesos contencioso-administrativos sobre la operación de venta. Pero los damnificados saben que este tipo de vía legal es más larga y lenta aún que la vía penal, por lo que insisten en reclamar al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid que no de carpetazo a un proceso en el que han depositado enormes esperanzas. “Queremos justicia”, claman.