Las aguas están revueltas en Alcalá de Henares desde que el pasado martes 16 de diciembre el Ayuntamiento aprobara, con los votos a favor del PP, la privatización del servicio del agua. La aprobación del inicio del expediente para la concesión administrativa del servicio de explotación del suministro y saneamiento estuvo rodeada de gran polémica ya que el alcalde del municipio, Bartolomé González, denegó la palabra a la oposición y a los vecinos que se oponen a la medida. Así las cosas, el asunto promete dar que hablar.
Alcalá es la única gran población de la región que no recibe el agua del Canal de Isabel II. Los domicilios de la localidad son abastecidos, junto con los de Mohernando, Yunquera de Henares, Fontanar, Guadalajara, Alovera y Azuqueca de Henares por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, un río que fluye por Guadalajara. Sin embargo, las sequías, los problemas de suministro y las fugas de agua han empujado a los responsables de la nueva corporación municipal a tomar una decisión drástica: privatizar el servicio durante un período de 25 años ya que, en palabras del alcalde, Bartolomé González, “la red necesita grandes inversiones que el Ayuntamiento no puede asumir”. Según el proyecto aprobado en el pleno, la empresa de adjudicación habrá de abonar al Consistorio un canon inicial de 15 millones de euros más un 10% de la facturación anual prevista, que asciende a 8,9 millones de euros.
La Plataforma de Madrid en Defensa de los Servicios Públicos denuncia el proyectoLa decisión de privatizar un servicio básico como el suministro de agua ha destapado la Caja de Pandora. Junto a las asociaciones de vecinos de Alcalá, la Plataforma de Madrid por la Defensa de los Servicios Públicos ha sido una de las primeras en reaccionar. En una nota de prensa remitida a la FRAVM, la organización ha querido “mostrar su rechazo a esta medida y denunciar lo que es una línea de actuación del Partido Popular consistente en favorecer la obtención de importantes beneficios económicos, especialmente de las grandes empresas transnacionales y al capital financiero ofreciendo, como en esta ocasión, la explotación de servicios básicos en unas condiciones que representan un negocio seguro. Evidentemente –continúan- estas operaciones son mostradas como beneficiosas para la ciudadanía porque, según se nos dice, mejorarán el servicio, reducirán costes y todo ello repercutirá favorablemente en los usuarios”. Experiencias previas demuestran que estas aseveraciones forman parte del ‘dogma neoliberal’ tan en boga, “desmentidas una y otra vez por múltiples ejemplos en los que, tras la privatización, el suministro de agua ha sufrido un importante deterioro”. Sin embargo, ‘los privatizadores’ se niegan a hacer una evaluación de estas experiencias estableciendo ya en el pliego de condiciones de la concesión medidas que anuncian un nuevo perjuicio para los ciudadanos afectados. Este es el caso de Alcalá de Henares. En este sentido, la Plataforma manifiesta su oposición al hecho de que “los servicios públicos sean convertidos en mercancía y a que su objetivo prioritario sea el de la obtención de un beneficio económico privado”.Dada la embergadura del proyecto aprobado, las aguas tardarán tiempo en volver a su cauce.
