La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) y la FRAVM se reunieron el 25 de enero con la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP) en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad con el fin de buscar una solución a la situación en la que se encuentran muchas comunidades de vecinos, al no disponer de financiación o no, al menos, de la que se había prometido en su momento para la instalación de estos mecanismos.
Precisamente, en 2012, una modificación normativa supuso que se dejaran de reconocer este tipo de ayudas, y además de acumularse retrasos en el abono de las ayudas ya preconcedidas a distintas comunidades de propietarios, se redujeron las cuantías prometidas por la Administración desde los 50.000 euros a apenas 15.000 euros. Ello hizo que muchas comunidades vecinales de la región presenten un elevado endeudamiento a día de hoy.
Este tipo de ayudas, concedidas entre 2007 y 2012, enmarcadas en el denominado Plan Renove de Ascensores de la Comunidad de Madrid, sufragaban, en algunos casos, hasta el 70% del coste de instalación de un ascensor, por un importe máximo de 50.000 euros. En virtud de este plan, la Administración concedió ayudas por un importe total de 62 millones de euros, adelantando los propietarios el importe para la instalación del ascensor.
No obstante, debido al cambio normativo y en los presupuestos de la región, hubo peticiones de ayuda económica de comunidades realizadas en el marco de ese plan que nunca llegaron a materializarse, al no percibir las comunidades la cuantía prometida.
Por ello, FAMMA y la FRAVM, unidas, solicitan ahora algo que las asociaciones vecinales llevan meses reclamando: que se modifique el artículo 20 de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica. Precisamente, en dicho artículo se recoge que a partir de la entrada en vigor de la ley citada con anterioridad “no podrán reconocerse ayudas económicas al amparo de lo establecido en los Decretos 11/2001, de 25 de enero, y Decreto 12/2005, de 27 de enero, a excepción de lo previsto para las vigentes Áreas de Rehabilitación declaradas con arreglo a Planes estatales, y cuya financiación haya sido aprobada mediante Acuerdos de Comisión Bilateral”.
También establece que “el importe de las subvenciones para la instalación de ascensor que se reconozcan a partir de la entrada en vigor de la presente ley no superará el 25 por 100 del coste real de su instalación con el límite de 15.000 euros por ascensor”.
Ambas organizaciones lamentan dicha circunstancia, dado que fomenta la exclusión y el aislamiento social de miles de personas con discapacidad y/o movilidad reducida y les impide llevar a cabo una vida normalizada y en condiciones de igualdad y dignidad. Estas ayudas fueron eliminadas por sorpresa en el año 2012. Por ello, FAMMA y la FRAVM piden que, mediante una Proposición No de Ley (PNL) se modifique la citada normativa para propiciar que se pueda cobrar lo publicitado.
Por último, cabe reiterar que tanto FAMMA como la FRAVM entienden que se trata de un conflicto que ha creado la anterior presidencia de la Comunidad de Madrid, y que, por ello, debe “resolverlo la propia Administración regional”, máxime cuando recientemente el actual Gobierno se adhirió al Plan estatal de Vivienda por valor de 71 millones de euros. Recordemos que cuando se firmó esta adhesión, la FRAVM solicitó a Cristina Cifuentes que se hiciese cargo de la deuda contraída antes de cursas nuevas ayudas.
Tanto FAMMA como la FRAVM aseguran que, si no hay respuesta y no se solventa esta situación, que afecta a miles de familias en la Comunidad de Madrid, en un “breve plazo de tiempo” se elevará esta cuestión al siguiente partido con mayor representación parlamentaria en la Comunidad de Madrid, y al resto de grupos parlamentarios. En primera instancia, el grupo parlamentario del Partido Popular (PP) en la Asamblea de Madrid se comprometió a tramitar la citada PNL para solventar la problemática expuesta con anterioridad.
