La Red por la Dignidad de los Barrios exige más dotación presupuestaria para los servicios sociales

La ciudadanía madrileña está asistiendo a una precarización creciente de sus condiciones de vida. Lejos de fortalecer los servicios públicos para garantizar los ”bienes de justicia”, las administraciones públicas se afanan en aplicar a rajatabla los criterios de austeridad en los que es de todos al tiempo que mantenienen privilegios para unos pocos. A estas políticas de agresión de lo común, se suma una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que concede la competencia exclusiva de los servicios sociales a las comunidades autónomas, alejándola de la ciudadanía. La Red por la Dignidad de los Barrios intervendrá en los plenos de varias juntas municipales para exigir que se disponga de los recursos económicos suficientes para que los servicios sociales puedan dar respuesta a las necesidades urgentes de las vecinas y vecinos más afectados por la crisis económica.

La Red por la Dignidad de los Barrios exige más dotación presupuestaria para los servicios sociales
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El 7 de febrero pasado, activistas de la Red por la Dignidad de los Barrio, integrada por el 15M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la FRAVM, entre otras organizaciones, tomaron de forma simultánea ocho oficinas del INEM en las que entregaron un sobre remitido por los seis millones de parados dirigido a la ministra de Empleo para pedir al Gobierno que “rescate personas, no bancos”. Durante la acción, que supuso la presentación pública de la red, leyeron el manifiesto de la red en el que se exige, entre otras medidas, que se estableza la renta básica para las personas en riesgo de exclusión social, la gratuidad del material escolar o que se garantice el acceso universal y gratuito a la sanidad pública.

El 21 de marzo, la red quiso hacer pública otra de sus reivindicaciones con una acción simbólica: el desarrollo de tres marchas suburbanas que desembocaron en la Puerta del Sol. En el vestíbulo de la estación, exigieron un abono transporte gratuito para las personas en situación de desempleo y sus familias.

Una a una, la Red irá desgranando todas y cada una de las medidas que proponen en su Plan de Rescate Ciudadano con una acción pública. En abril, las asociaciones vecinales y las asambleas populares intervendrán en los plenos de las juntas municipales para reclamar a todos los grupos políticos municipales que acuerden disponer de los recursos económicos suficientes para que los servicios sociales puedan dar respuesta a las necesidades urgentes de las vecinas y vecinos más afectados por la crisis económica y que ese acuerdo sea trasladado al pleno del Ayuntamiento de Madrid.

En la intervención que se llevará a cabo en las juntas municipales de Retiro, San Blas, Salamanca, Hortaleza y Chamberí durante el mes de abril (ver fichero relacionado) se pide, asimismo, que se dé “información pública del presupuesto que las necesidades del distrito hacen necesario, y que se dé cuenta de forma transparente y pública del destino del presupuesto asignado”.

La Red quiere poner en primer plano las necesidades de la creciente precarización de las condiciones de vida de sectores cada vez más amplios de la población. “Frente a estas circunstancias –recuerda–, la función del sistema de servicios sociales es garantizar las condiciones sociales y personales básicas para que las personas puedan actuar con libertad y ejercer los derechos como ciudadanos. Su finalidad es proteger a las personas allí donde el sistema de mercado y el desempleo les abandona. Y son aún más necesarios hoy cuando el propio mercado laboral incrementa las desigualdades, con el riesgo de que el empobrecimiento se traduzca en marginación social”.

Lejos de responder a esta obligación, las administraciones públicas están poniendo “en mayor riesgo los servicios públicos que son hoy un soporte básico para compensar la brutal desigualdad que nos empuja a situaciones límites en las que no se puede hacer frente a las necesidades básicas”.

Exigen, por tanto, que “frente a las situaciones de desamparo, de desprotección, de empobrecimiento”, es necesaria una vía política que garantice los “bienes de justicia” por debajo de los cuales no hay vida humana.

Alertan, asimismo, sobre las consecuencias de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local diseñada por el Gobierno, que concede la competencia exclusiva de los servicios sociales a las comunidades autónomas. Esta decisión, advierten, tendrá un impacto directo en las prestaciones municipales, protagonistas de la primera línea de batalla contra la desigualdad, la exclusión y el desamparo.

Ante ello, la Red reclama unos servicios sociales “que se rijan por el criterio de suficiencia para atender a las necesidades que justifican su finalidad”, un criterio que las administraciones vulneran con el pretexto de una austeridad que sus responsables no cumplen. Y señalarán, como botón de muestra, los 9.666.760 euros que el Ayuntamiento de Madrid destina al año al pago de las nóminas de los 211 asesores elegidos “a dedo”, “una vergüenza más de la sangría sobre los recursos públicos, mientras se niega lo fundamental a las personas más necesitadas”.

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