Ayer, el AMPA del colegio Montelindo de Bustarviejo tenía previsto fletar un autobús desde la localidad para desplazarse hasta la sede de la Consejería de Educación y concentrarse contra la imposición de un director ajeno al centro. El acto fue suspendido porque la Comunidad de Madrid retiró a última hora su decisión, aceptando la designación de como directora de la persona propuesta por el claustro de profesores del CEIP. Han hecho falta varias semanas de protestas para conseguir esta pequeña victoria.
Otros centros, sin embargo, comenzarán el curso que viene con directores colocados a dedo por la Consejería, un recurso que la LOMCE contempla para casos excepcionales. “Con cierta frecuencia se nombran, por dicho procedimiento extraordinario, directores que no conocen los centros educativos a los que son destinados, no han presentado proyecto de dirección para los mismos y desconocen el proyecto educativo del centro que aceptan dirigir”, una situación “que genera tensiones en los centros afectados por sentir sus comunidades educativas que sus proyectos educativos pueden resultar perjudicados”, indica la Plataforma Regional por la Escuela Pública en el escrito presentado esta mañana en la Asamblea de Madrid.
“El proceso de selección desarrollado en estas últimas semanas ha vuelto a demostrar que la normativa vigente es inadecuada, generando conflictos innecesarios en diversos centros educativos”, por lo que debe de modificarse “para que pueda garantizarse la continuidad de los proyectos educativos de los centros”sostiene una red en la que participa la FRAVM junto a la FAPA Giner de los Ríos, los Movimientos de Renovación Pedagógica y los sindicatos CCOO, UGT, STEM y Sindicato de Estudiantes.
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), en su capítulo IV, regula la dirección de los centros públicos, algo que en la Comunidad de Madrid se recoge en el Decreto 63/2004, de 15 de abril (BOCM 22 de abril), del Consejo de Gobierno, que reglamenta esta materia en desarrollo de la derogada Ley 10/2002.
La plataforma ciudadana entiende que la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid “debe y puede” realizar un debate riguroso sobre el proceso de selección de directores más adecuado para la Comunidad de Madrid y que los grupos parlamentarios “pueden y deben escuchar la posición de la comunidad educativa madrileña, de forma que puedan extraer conclusiones sobre el tema en cuestión y, con ello, elaborar propuestas legislativas dirigidas al Gobierno autonómico”.
Por todo ello, ha solicitado a la Asamblea que “a la mayor brevedad posible” realice las actuaciones necesarias para organizar ese debate en el seno de su Comisión de Educación con la participación de las organizaciones que componen la plataforma.
