Tal y como indica un documento de “diagnóstico” que ha hecho público esta mañana la Plataforma Regional por la Escuela Pública, “la política de personal seguida por la Comunidad de Madrid ha sido de recorte incesante en las plantillas y en las condiciones laborales del profesorado. Así, si tomamos como referencia el curso 2009-2010, en el cual se produce un máximo de plantilla de 54.784 efectivos en la Enseñanza Pública y lo comparamos con el dato correspondiente al Informe 2015, actualmente en elaboración, vemos que hay un descenso de 3.468 efectivos, el 6,33% de la plantilla. No obstante, si consideráramos jornadas completas, ya que en estos últimos años se han producido muchas contrataciones parciales, se dispararía la pérdida por encima del 8%”.

Al mismo tiempo, la plantilla de la enseñanza privada se ha incrementado en un 5,43%, lo que muestra a las claras “una activa política de privatización de la educación madrileña”, una tendencia del anterior Gobierno regional que el Ejecutivo de Cifuentes no parece dispuesto a modificar.

A la pérdida de profesionales en la educación madrileña hay que añadir su progresiva precarización laboral: “en este momento las plantillas son insuficientes, inestables y con un extenso modelo de contrataciones parciales a 1/2 o 1/3 de jornada. Todo esto lleva a una carencia de personal para desdobles, apoyos, recuperaciones, etc. y a un incremento de la ratio alumnado aula”, indicó la Plataforma, que está formada por la FAPA Giner de los Ríos, la FRAVM, los sindicatos CCOO, UGT, STEM y el Sindicato de Estudiantes y el Movimiento de Renovación Pedagógica.

Por todo lo anterior, “una política acertada debería llevar a la recuperación del empleo y si se pretende una educación de calidad a la convocatoria de unas 10.000 plazas en las oposiciones de la legislatura para recuperar, al menos, las condiciones laborales existentes antes de 2009, así como la derogación del Decreto 42/2013 y la recuperación de las condiciones laborales del Acuerdo Sectorial de 2006”, sostiene la plataforma.

Pero la educación pública madrileña no solo necesita más profesionales. También requiere de equipamientos, de nuevas normas y de una otra política de igualdad de oportunidades. Así, tal y como indicó esta mañana uno de los portavoces de la Plataforma, José Luis Pazos, es “urgente y necesaria la supresión en la red pública de las tasas en Educación Infantil (desde los 0 años),

en Formación Profesional y en las Enseñanzas de Régimen Especial (Artísticas y de Idiomas); así como la reversión de los incrementos de las Tasas Universitarias (100% en Grado y 120% en Máster) hasta volver, al menos, a los precios del curso 2011/2012”. Algo que debe correr parejo a la aplicación de medidas para garantizar la alimentación necesaria de toda la infancia y la juventud madrileñas, recuperando además “las becas comedor, las ayudas al transporte y el acceso gratuito al material escolar para todo el alumnado de la escuela pública”.

Déficit de infraestructuras

La falta de equipamientos públicos, la “consecuente saturación de otros y la pésima gestión de la Consejería” de Educación afecta a institutos, colegios y escuelas infantiles. Tal y como ha denunciado la FRAVM en numerosas ocasiones, el tan criticado modelo de “libertad de elección” se convierte en un mero desideratum en zonas que carecen de centros públicos. Son los casos del PAU de Vallecas (40.000 habitantes), en el que hay tres institutos privados concertados, pero ninguno público (la semana pasada se iniciaron movimientos de tierras en la parcela donde la Comunidad proyecta construir el primero y único), Legazpi (18.000 habitantes), Las Tablas (35.000) o Montecarmelo (24.000), a pesar de que en estos dos últimos barrios el Ayuntamiento de Madrid se comprometió a reservar las parcelas necesarias e instar a la Comunidad de Madrid para que los construyera en el periodo 2008-2012. “La “libertad de elección” significa que la mayoría de alumnos del IES Manuel Fraga, en Sanchinarro, sean residentes en Las Tablas obligados a desplazarse diariamente de barrio para poder optar a la educación pública. Instituto, por cierto, en obras”, sostiene la Plataforma Regional. Una situación que se repite en barrios como Butarque, en Villaverde, donde el nuevo IES Juan Ramón Jiménez se ha inaugurado con las obras sin finalizar, lo que supone un grave problema de seguridad para los menores.

La demanda de centros públicos se extiende a otros municipios como Majadahonda, que reclama un IES para el barrio Valle de la Oliva, donde solo hay un centro privado concertado, algo que afecta también a los colegios y escuelas infantiles. Así, “la Comunidad de Madrid comprometió la construcción de un CEIP público en Rivas pero, misteriosamente, se ha transformado en un colegio concertado religioso”. Lo mismo ha sucedido en Parla y Móstoles.

Mención especial merece la nefasta política de construcción por fases realizada en cada nuevo centro educativo público que se ha puesto en marcha. Hablamos de centros como el CEIP Diego Muñoz Torrero de Valdemoro, donde alumnos y profesores se ven obligados a soportar diariamente las obras y cuatro años después de su inauguración, “siguen sin tener espacios tan necesarios como el comedor escolar, el gimnasio, las pistas deportivas, la mitad de las aulas de Primaria… Una situación en la que se encuentran muchos otros centros, “ya que para potenciar los centros privados concertados y, con ello, al parecer cobrar comisiones jugosas, era necesario dificultar la presencia de los centros públicos y ralentizar todo lo posible su construcción”, considera la Plataforma. Por tanto, continúa, “es necesario un plan de construcciones que elimine que estas se hagan por fases, garantizando la construcción completa de los centros educativos”.

Como puede verse en el documento de diagnóstico y en el decálogo de demandas que ha hecho públicos esta mañana en la Casa de Vacas del Parque del Retiro, la Plataforma Regional por la Escuela Pública, que saluda el propósito manifestado por la Consejería de Educación de trabajar con toda la comunidad educativa para llegar a consensos, reclama de nuevo la supresión del distrito único de escolarización así como una ley integral de convivencia en la que “se aborden medidas de sensibilización y de apoyo al sistema educativo”. Por último, solicita la “reversión de los recortes sufridos en la educación pública en la última década, la derogación en la Comunidad de Madrid de todos los aspectos nocivos de la LOMCE y la paralización de aquellos que aún no se hayan puesto en marcha, como las reválidas de ESO y Bachillerato”.