La demanda fue interpuesta en abril de 2013, pocos meses después de que comenzaran las obras de una estación de servicio en el número 22 de la calle Hulla, en el distrito de Villaverde. Esta estación, abierta desde el mes de abril de 2015, se encuentra situada a escasos quince metros de un bloque de viviendas, de un parque infantil y de una zona de juegos. Además se halla junto a una parcela cedida a la Comunidad de Madrid para la construcción de un centro de salud que todavía no se ha iniciado.

Tal y como recuerda AVIB en un comunicado hecho público tras conocer la noticia, “el motivo de la demanda fue que se omitieron los trámites de información pública y notificación a los vecinos interesados, lo que impidió la posibilidad de presentar alegaciones a la concesión de licencia”. La empresa de la gasolinera solicitó la licencia al Ayuntamiento de Madrid en agosto de 2009 y la asociación vecinal presentó alegaciones solicitando la denegación por motivos de seguridad y salud.En marzo de 2011, al no haber presentado la empresa el preceptivo informe de impacto ambiental, el Ayuntamiento cerró el expediente pero, “sin notificárselo a nadie”, lo volvió a abrir en febrero de 2012 y acabó otorgando la licencia el 3 de septiembre de ese año.

La sorpresa vecinal fue de órdago cuando el 23 de noviembre de 2012 comenzaron las obras de una estación de servicio cuyo expediente había sido cerrado un año y medio antes. En aquel entonces los vecinos recogieron miles de firmas, organizaron varias manifestaciones y trataron por todos los medios de hacer entender al Ayuntamiento que el procedimiento había sido irregular.

Nada de esto sirvió y las obras continuaron, motivo por el que AVIB interpuso la demanda que ha sido aceptada por el juez.Además de la falta de información pública, la demanda vecinal añadía otra serie de irregularidades, como que el proyecto había sido redactado por un técnico incompetente, la improcedencia de otorgar una licencia de actividad a una solicitud que carecía de proyecto de actividad, o que no se había tramitado la declaración de impacto ambiental en el procedimiento que dio lugar a la resolución. El juez ha considerado únicamente el primero de los motivos, rechazando estudiar los demás al estimar que aquel es suficiente para declarar la nulidad de la licencia concedida. La sentencia es recurrible, aunque los vecinos se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid para solicitar que acepte sus peticiones y que no presente recurso. AVIB también solicita el cese de la actividad de la estación y que se busque una alternativa de ubicación alejada de las viviendas del barrio, “algo que se podría haber hecho hace más de tres años si las autoridades municipales no hubieran ignorado las peticiones vecinales”.La asociación ha publicado la sentencia en el siguiente enlace