La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) e IU presentaron el viernes 27 de junio un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones por considerar que vulnera varios derechos fundamentales.
A juicio de los denunciantes, la Ley se ha aprobado con el fin declarado de facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores de telecomunicaciones ignorando los problemas de salud que las emisiones de radiaciones electromagnéticas provocan y sobre los cuales ha advertido la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, que en mayo de 2011 clasificó los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posibles carcinógenos para los seres humanos, apuntando un mayor riesgo de glioma, un tipo de cáncer cerebral maligno asociado al uso de teléfonos móviles.
El propio Tribunal Constitucional, en la Sentencia 8/2012, de 18 de enero de 2012, señala que la localización de las infraestructuras de telecomunicaciones puede tener “una incidencia sobre la salud que exige medidas de protección sanitaria, en especial para aquellos colectivos que se consideran más sensibles”. Garantizar la aplicación del principio de precaución es un deber de las administraciones al que obliga el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
También acusan los denunciantes de que en la tramitación de la ley se han vulnerado los artículos 23 y 105.a) de la Constitución sobre participación de la ciudadanía en la regulación y la formación del ordenamiento jurídico ya que, ni durante la tramitación administrativa del anteproyecto de Ley ni durante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley, no se ha facilitado ningún tipo de participación directa a las asociaciones representativas de los ciudadanos afectados por las radiaciones electromagnéticas, un grupo cada vez más numeroso.
Por último, recuerdan que el Parlamento español “ha aprobado una ley sin debatir, valorar y verificar si los niveles de emisiones de ondas electromagnéticas por el uso del espectro radioeléctrico (…) pueden suponer un peligro para la salud y el medio ambiente” y “si estos concuerdan,o no,con la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que supone una rebaja de hasta casi 1.000 veces sobre los límites legales de exposición que se están utilizando en la legislación estatal española”.
Por todo ello, solicitan a la Defensora del Pueblo que, previo estudio de la constitucionalidad de la citada Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, proceda a interponer recurso de inconstitucionalidad por afectar a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.
El sábado 28 de junio miembros de la Plataforma Estatal procedentes de todo el Estado se darán cita en Madrid para analizar la situación de la lucha contra la contaminación electromagnética y los próximos pasos a dar.
