El pasado lunes 9 de junio el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares presentó en un Pleno Extraordinario un nuevo Plan de Ajuste económico para hacer frente a la deuda municipal. Los grupos de la oposición, que suman 15 votos frente a los 12 del equipo de Javier Bello (PP), rechazaron la propuesta. Sin embargo, dos días después, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local.
En marzo de 2012 el Consistorio ya aprobó un primer Plan de Ajuste para hacer frente a una deuda que superaba los 300 millones de euros por el que solicitó 95 millones de euros a los bancos a devolver en un plazo de 10 años, con 2 años de carencia.
El nuevo Plan de Ajuste amplía en dos años la moratoria de la deuda del Ayuntamiento con el Fondo de Financiación del Pago a Proveedores, y a 20 años (hasta 2032) el plazo de amortización.
A juicio de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Alcalá de Henares (FCAVAH), que ya manifestó su oposición al primer Plan de Ajuste (ver noticia relacionada), esta nueva vuelta de tuerca se traducirá en “un aumento de tasas e impuestos municipales” y en “una severa restricción del gasto, con importantes consecuencias en la prestación de servicios municipales y en el mantenimiento urbano”. En palabras de la federación, “aumentará el IBI; se suprimirán las bonificaciones fiscales no sociales; se dejarán de prestar los servicios correspondientes a competencias delegadas que no sean financiadas íntegramente por la Comunidad de Madrid; se revisarán los contratos de recogida de basura y limpieza viaria, del mantenimiento integral de zonas verdes y arbolado; se reducirán en un 30% los gastos voluntarios de cultura, festejos o deportes y en un 5% el gasto de funcionamiento de los organismos y entidades dependiente del Ayuntamiento, etc.”.
Y todo ello, remacha, “sin informar del grado de cumplimiento del Plan de Ajuste de 2012 y cierre del ejercicio 2013 y sin saber el importe de la deuda actual”.
Ante el “endeudamiento creciente, el oscurantismo en las cuentas y el desprecio por todo consenso”, la federación “no va dejar de exigir más información, más transparencia y más participación”, pues “en lo tocante a la sangrante deuda municipal es fundamental poner en marcha una auditoría ciudadana de forma urgente”.
Pleno ciudadano
Por todo ello y, porque “no nos gustan los plenos municipales, pues gastan su tiempo cada vez más en discusiones partidistas, pero no resuelven los problemas que afectan a los vecinos”, la federación local convocó un Pleno Vecinal Alternativo. Decenas de personas secundaron la convocatoria el 24 de junio en la plaza de Cervantes.
Varios temas centraron la atención de las personas reunidas, todos ellos relacionados con el deterioro de los servicios municipales y el incremento de las obligaciones tributarias del vecindario, como el IBI, cuya cuantía se incrementará en base al plan de ajuste.
Los asistentes llamaron, asimismo, la atención sobre el mal estado de muchas aceras y de espacios públicos como la estación de ferrocaril y sobre la falta de megafonía en los autobuses, que dificulta la movilidad de las personas con diversidad funcioonal. Denunciaron el peligro de desaparición del Centro Municipal de Salud; del deterioro de los servicios de la recogida de basuras y de limpieza viaria ante la inmimente renegociación de los contratos; la creciente precarización de las condiciones de vida de muchas familias, algunas de las cuales solo han podido acceder a los libros escolares gracias a las gestiones de la FAPA y al intercambio de libros. Mientras tanto, denunciaron, el Ayuntamiento se gasta 800.000 euros en publicidad al año. “¿Es necesario?”, inquirieron.
El desprecio del Gobierno local por la participación ciudadana centró algunas intervenciones toda vez que “ningunea constamente” a las entidades y a la participación en las mesas y en los consejos temáticos en los que participan ya que “no se toman en serio nuestras propuestas”. La mesa del Plan General de Ordenación Urbana” lleva meses que no se convoca”, recordaron y el consejo del Plan Director, constituido a principios de año “no se ha vuelto a convocar”.
La FCAVAH anunció que hará llegar el acta de la asamblea al Ayuntamiento y que pedirá respuestas a las cuestiones señaladas, y a otras tales como el plan de industrialización presentado por los sindicatos; que el dinero público se destine a la creación de empleo basado en reciclaje, en las nuevas tecnologías, en la aplicación de un impuesto ecológico, en la promoción de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad y en la construcción de más zonas peatonales ; el enterramiento de las vías del tren; que el Ayuntamiento cobre el IBI a los conventos y la demanda de más participación ciudadana permitiendo, por ejemplo, que “como los vecinos no pueden hacer propuestas en los plenos, se permita hacerlas a través de las asociaciones”.
