Las halagüeñas previsiones del Gobierno de la Comunidad de Madrid en cuanto al aumento de los posibles beneficiarios de la bonificación por exención social extendida ahora a todos los perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI), no dejan de sorprender a la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, que entiende que el actual modelo de bonificaciones al consumo de agua no ampara en modo alguno a la ciudadanía madrileña con dificultades económicas para hacer frente a la factura del agua y por tanto en riesgo de sufrir un corte o condena de suministro.
La ejecución de un corte o condena por impago de las facturas supone además un incremento en la deuda del usuario que ha de hacer frente a los gastos de restablecimiento del servicio y que pueden llegar a alcanzar 870 euros, cantidad imposible de afrontar para un beneficiario de la RMI cuyo ingreso máximo mensual no supera los 563 Euros.
El exponencial aumento en los cortes de suministro a raíz de la creación de la Sociedad Anónima en el año 2012, no sólo pone en evidencia la efectividad de un sistema de bonificaciones que parece más dirigido a rentas bajas que a familias en situación de exclusión social, sino que trasluce el giro en la gestión de la empresa cada vez más orientada a la consecución de beneficios que a la prestación de un servicio público y de calidad.
La Plataforma denuncia que se estará conculcando el derecho humano al aguapotable y al saneamiento, hasta tanto el Gobierno madrileño no se comprometa a paralizar los cortes para todas aquellas personas en situación de emergencia social y a rediseñar un sistema de bonificaciones al consumo verdaderamente efectivo y acorde a la situación económico-social de la población madrileña.
Más llamativo aún es el triunfalismo del que ha hecho gala el gobierno de Cifuentes al presentar sus previsiones de inversión para la red de agua madrileña.
Los 213 millones de Euros destinados a inversiones en infraestructuras supone un 6,5% de disminución respecto de la cifra presupuestada para el año 2015 y nada menos que un 32% menos con respecto a los casi 315 millones de euros invertidos en 2012, año en el que empezó a operar Canal de Isabel II Gestión SA.
Paralelamente, el desmedido aumento en los gastos financieros presupuestados para 2016, que llegan a cuadruplicarse con respecto a los estimados para 2015, no dejan lugar a dudas sobre la progresiva descapitalización que el Partido Popular ha llevado a cabo desde que en 2008 Esperanza Aguirre anunciara la privatización del ente.
La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, de la que forma parte la FRAVM, denuncia una vez más la línea de continuidad con respecto al anterior gobierno en lo que respecta a la gestión del Canal de Isabel II, una empresa en persistente decadencia y en serio riesgo de sostenibilidad financiera.
