La querella por malversación de fondos públicos y prevaricación contra los responsables de la venta de 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs tuvo como protagonistas en la mañana de ayer a Fernando Pascual Santodomingo, jefe del Área de Contratación de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Beatriz Solano Merino, interventora delegada de la misma consejería y a Beatriz Ibernón Sánchez, arquitecta de ST Sociedad de Tasación, empresa a la que el instituto público encargó la tasación de los inmuebles.

En sus declaraciones ante el tribunal, el jefe del Área de Contratación aseguró que el pliego de condiciones se lo hicieron llegar sus superiores desde la dirección del IVIMA y que su labor era muy limitada. Pascual cursaba las facturas de pago pero a pesar de ser miembro de la Mesa de Contratación, dijo desconocer el trámite seguido para constituir la sociedad vehicular Encasa Cibeles, SL, que surge de Azora y Goldman Sachs como gestora del paquete de viviendas que estas compraron a la Comunidad de Madrid. Sorprendentemente, el alto cargo de la Consejería sostuvo que no tiene conocimiento del escrito que presentó Azora para crear esa sociedad ni de la identidad de las personas que contactaron con los licitadores o gestionaban el Data Room con los datos aportados a estos en el proceso.

Por su parte, Beatriz Ibernón aclaró que la tasación encargada por el IVIMA que determinó el valor del lote de inmuebles vendibles en 168.900.000 euros se basa en estándares RICS (Royal Institucion of Chartered Surveyors). Los integrantes de esta organización siguen los criterios profesionales recogidos en el llamado Libro Rojo, que incluye procedimientos y recomendaciones, pero no establece reglas respecto a cómo valorar, ni desarrolla métodos o técnicas de valoración. Estas últimas cuestiones se toman de las IVS (Normas Internacionales de Valoración). Al contrario de lo que sucede con las valoraciones ECO (ECO805/2003), lo habitual es que las tasadoras utilicen estándares RICS para realizar informes de uso interno del solicitante exclusivamente. Lo excepcional, de hecho, es tener en cuenta su repercusión sobre terceros. Aunque Ibernón realizó la tasación, la técnico aseguró que las decisiones siempre las tomó Francisco Javier Sanz López, director del departamento de Valoraciones Singulares de ST Sociedad de Tasación.

En este marco, hay que resaltar que, tal y como quedó claro ayer, la sociedad de tasación fraccionó su contrato con la Comunidad de Madrid para poder obtenerlo “a dedo” a partir de contratos menores, de manera directa, sin necesidad de concurrir en oferta pública.

Tras las dos declaraciones anteriores, llegó la aportación más sorprendente, la realizada por la testigo Beatriz Solano Merino. La interventora delegada de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid afirmó que hasta el día de ayer no había tenido conocimiento de que existía la sociedad vehicular Encasa Cibeles, S.L., ni de que, a pesar de ser competencia de la Mesa de Contratación, se hubiesen producido reuniones o se hubieran respondido preguntas a los licitadores durante el proceso de licitación de las viviendas. Además, aseguró que otro alto cargo del IVIMA, Francisco Javier Carmena Lozano, realizó la valoración de las ofertas de los licitadores y las dio validez como presidente de la Mesa de Contratación. Carmena Lozanofue precisamente la persona propuesta por el PP en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid, la jornada del 20 de noviembre, para defender la transparencia y legitimidad del proceso.

Estos tres testimonios ante sede judicial arrojan cierta luz al proceso penal que la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de IVIMA mantiene interpuesto contra los responsables de la venta de las 2.935 viviendas públicas e indican que las irregularidades sobre las que hace casi un mes apuntaba la Cámara de Cuentas se confirman.

Recordemos que las declaraciones de ayer atienden a una providencia del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid en la que, además, el tribunal ha solicitado a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude un informe sobre las posibles conexiones societarias entre las empresas que participaron en la operación y Bussola 99, la SICAV de Pablo Cavero, anterior consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid y actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. En concreto, el juzgado demanda esclarecer las “posibles relaciones económicas” entre Bussola 99, Azora Gestión, Encasa Madrid y Goldman Sach Group.