Como cada tercer domingo desde hace varios meses, la Marea Blanca volvió a inundar el pasado 21 de julio el centro de la capital para exigir la definitiva paralización de la privatización de la sanidad pública madrileña.
En esta ocasión y, para evitar las horas de más calor, la marea partió a las 10.30h de la plaza de Cibeles y concluyó con un abrazo de uno de los emblemas de la capital, la Puerta de Alcalá.
La Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública (MEDSAP), de la que forma parte la FRAVM y responsable de la convocatoria, subrayó en esta ocasión que las medidas privatizadoras del Gobierno autonómico “han fracasado” y que estamos “ante un proceso caótico, cargado de irregularidades, cuestionado reiteradamente por la Justicia” y que “atenta claramente contra los intereses de los pacientes”.
A pesar de que el conflicto abierto por las impopulares medidas está siendo, a juicio de las organizaciones convocantes, “largo” y “difícil”, la MEDSAP afirma que la lucha y la unidad que las sucesivas movilizaciones están articulando (mareas, recogidas de firmas, huelgas, consulta popular, actos culturales, etc.), demuestran ser “la mejor herramienta para poner coto al expolio de la sanidad pública”.
Prueba de ello son la reversión de algunos planes del Ejecutivo autonómico. La lucha ha conseguido que el hospital de La Princesa siga siendo hospital de referencia, frente a la intención de convertirlo en un geriátrico. Gracias a la presión conjunta de profesionales, usuarios y organizaciones sindicales y sociales, se paralizó la conversión del hospital Carlos III en un centro de larga estancia; se logró extender la oposición al euro por receta; suspender la privatización de los seis nuevos hospitales por orden judicial; reducir la amenaza de privatización de 27 centros de salud a cuatro e incrementar las horas de limpieza en estos centros tras las reiteradas denuncias realizadas. Se ha logrado, asimismo, paralizar la centralización de los laboratorios, y, por último, se ha coadyuvado en la imputación de los exconsejeros Güemes y Lamela por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones sanitarias.
Sin embargo, no hay que bajar la guardia. La expulsión del miles de personas de la sanidad pública, rompiendo el principio de universalidad del sistema, la pérdida de 2.500 empleos públicos, el continuo aumento de las listas de espera, el cierre de más de 2.200 camas durante este verano… demuestran que el Gobierno del PP mantiene su estrategia de deterioro y desmantelamiento del sistema público sanitario, por lo que la Mesa anima a la ciudadanía a seguir manteniendo el pulso hasta lograr la definitiva retirada del Plan de Sostenibilidad del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.
Foto: CCOO Madrid.
