La implantación del área sanitaria única agravará el deterioro de la sanidad pública madrileña

La entrada en vigor, mañana, de la Ley de Libre Elección y Área Única, contra la cual la FRAVM registró casi 9.000 firmas dificultará la planificación de los recursos y provocará un caos organizativo que mermará más aún la calidad de la asistencia sanitaria. La Federación vecinal pide, por tanto, su inmediata retirada y la asignación de más recursos materiales y humanos para la sanidad pública

La implantación del área sanitaria única agravará el deterioro de la sanidad pública madrileña
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La Ley de Libre Elección y Área Única que entra en vigor mañana profundizará más aún el deterioro del sistema sanitario público que está provocando la nefasta gestión del Gobierno regional madrileño.

La desaparición de las 11 áreas en las que actualmente se divide la región de Madrid, impuesta de forma unilateral por el PP en la Cámara madrileña, rompe con principios básicos del sistema sanitario regulado por la Ley General de Sanidad, basado en el desarrollo de la Atención Primaria de Salud y en la territorialización de los servicios sanitarios sustituyéndolo por otro centralizado que dará lugar a un área única de 6 millones de habitantes. El cambio dificultará la planificación de los recursos, toda vez que aleja el centro de la toma de decisiones de los centros sanitarios y desprecia variables sociodemográficas y problemas de salud específicos de cada zona impidiendo, por tanto, la elaboración de planes de salud adaptados a las necesidades de cada una de ellas.

Por otro lado, es previsible que la puesta en marcha de la libre elección de centro y profesional sanitario dé lugar a un caos organizativo dados los problemas que, día sí y día también, están dando las aplicaciones informáticas necesarias para garantizar las historias clínicas y la conexión entre centros.

Por todo ello y, recordando que la Ley ha sido impuesta por el PP contra el parecer de los partidos políticos de la oposición, las sociedades médicas, los sindicatos y las organizaciones ciudadanas, la Federación pide la retirada de la ley y la apertura de un espacio de debate y negociación con todos los agentes políticos y sociales implicados para responder de forma urgente y contundente a los verdaderos problemas de la sanidad pública: la falta de medios materiales y humanos derivada de la creciente e interesada inversión en la sanidad privada que caracteriza la gestión del Gobierno de Esperanza Aguirre.

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