“Se trata sin duda de una magnífica noticia en nuestro camino para lograr que se haga justicia y se repare el enorme sufrimiento de las casi 3.000 familias damnificadas por la operación de venta del Gobierno regional”, ha indicado el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, tras escuchar las palabras del presidente del Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno de esta mañana. La FRAVM confía, tal y como han adelantado algunos medios, que el Estado apoye también la batalla de las víctimas de otras operaciones similares, como la venta de 1.860 viviendas protegidas de la EMVS madrileña al fondo Blackstone.

El anuncio de la implicación del Estado en favor de las familias afectadas en el proceso judicial se produce cinco años después de la operación de enajenación en la que la Comunidad de Madrid, con Ignacio González (PP) al frente, otorgó al fondo buitre Goldman Sachs, por un precio muy inferior al del mercado y sin contar con sus moradores, 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos. Cinco años de auténtico calvario para esos hogares, muchos de los cuales se han visto obligados en este tiempo ha abandonar sus pisos al no poder asumir las condiciones derivadas de la operación (como la pérdida de las ayudas al alquiler consecuencia del cambio de titularidad de la vivienda) o ante el abandono de los edificios por parte de Encasa Cibeles, la filial de Goldman Sachs que los gestiona.

Pero muchas otras familias resisten en sus viviendas, haciendo frente a las presiones de todo tipo de esta empresa, que busca desprenderse de los moradores de rentas más bajas para poder sacar más rédito de los inmuebles. Resisten y, con AVVI a la cabeza y el apoyo incondicional de la FRAVM, no pierden la esperanza de que se haga justicia. Para ello, no han dejado de movilizarse en el último lustro, tanto en la calle, con decenas de manifestaciones, como en los ámbitos político y judicial. En este último plano, hay que recordar que la causa penal que dirige el Juzgado de Instrucción n.º 48 precipitó la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado. Junto a esta causa, AVVI se halla inmersa en cinco procesos administrativos (tres colectivos y dos individuales).

Por otro lado, el pasado 28 de junio envió una carta a diez ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y al Gobierno regional en la que solicita, tal y como ya ha hecho el consistorio de Móstoles, su implicación para lograr la paralización de los procedimientos de desahucio abiertos por Encasa Cibeles contra afectados por la operación. El ayuntamiento mostoleño ha enviado una notificación oficial a los responsables de esta empresa en la que les pide que “paralicen cualquier procedimiento de desahucio que estén llevando a cabo en el municipio sobre las viviendas afectadas”. En el texto, el Consistorio también recuerda a Encasa Cibeles que el pasado 21 de mayo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid estimó la demanda presentada por un vecino de Navalcarnero y anuló la operación de venta del IVIMA al entender que esta no fue debidamente justificada.

Ángel Garrido y los errores del PP

Aunque la sentencia no es firme y ha sido recurrida tanto por el Gobierno de Ángel Garrido como por Encasa Cibeles, AVVI la considera un importante precedente e invita a los ayuntamientos de las localidades que tienen viviendas de Encasa Cibeles a usarla como argumento para que la empresa no expulse a ninguna familia por impago de rentas o por la finalización de sus contratos. Además, la FRAVM y AVVI indican al presidente Garrido que no basta solo con lamentarse con lo que han hecho anteriores gobiernos de su partido sino que es necesario corregir “errores” tan sangrantes como la operación de venta, y la mejor forma que tiene de hacerlo es retirar el recurso que ha presentado contra el fallo judicial.