Miembros de la Junta Directiva de la Federación, así como otras y otros representantes de las asociaciones vecinales de Madrid, participarán en el acto, que con el lema “Por el derecho de las mujeres a decidir” comenzará a las 19:00 en la Puerta del Sol.
A continuación reproducimos el manifiesto:
MANIFIESTO POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR
‘Ante todo, queremos manifestar nuestro total apoyo y solidaridad con estas mujeres, y con la situación de indefensión y temor que han vivido. Vemos en la persecución y el atropello que han sufrido un ataque a todas, una amenaza al derecho a decidir de las mujeres.
‘Lo ocurrido nos retrotrae a siniestras épocas en las que la libertad brillaba por su ausencia, y creemos que requiere una respuesta contundente e inmediata de los distintos poderes públicos para preservar la integridad de las mujeres.
‘Estos hechos, así como otras actuaciones judiciales, las amenazas que sufren las mujeres por parte de las organizaciones anti-elección, las agresiones tanto físicas como verbales a las y los profesionales de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, responden a una violenta campaña orquestada por sectores ultraconservadores y fundamentalistas religiosos. No han dudado para ello en utilizar la intimidación, la violencia, la mentira y el insulto, todo para intentar imponer su modelo de familia que conculca la libertad de las mujeres y se basa en el control de su sexualidad.
‘Esto adquiere mayor gravedad al estar estos grupos apoyados por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que los financia con dinero público y permite y alienta sus actuaciones. Asimismo el gobierno de la Comunidad se desentiende de la prestación pública del aborto y obstaculiza de forma sistemática el trabajo de las clínicas autorizadas para su práctica.
‘Exigimos a todas las instituciones el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y que apliquen medidas que los garanticen.
‘Exigimos al Gobierno y a los partidos políticos un compromiso claro y decidido para modificar la actual despenalización parcial del aborto, de modo que deje de estar considerado como delito en el Código Penal, acabando con la inseguridad jurídica que la ley actual ha generado. Además, exigimos que la nueva normativa garantice y respete el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, asegurando que estas interrupciones se realicen de forma normalizada en la red sanitaria pública.
‘Exigimos que este cambio vaya acompañado de medidas que garanticen la educación sexual en los centros escolares y el acceso a los métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia a cargo de la Seguridad Social’.
