El PEF es resultado directo de la presión ilegítima que desde hace un tiempo ejerce sobre el Consistorio Cristóbal Montoro, que parece más interesado en jugar a la acción política municipal desde su ministerio, buscando limitar la capacidad de actuación de corporaciones dirigidas por opciones políticas diferentes, que a trabajar por el bien de las y los habitantes de este país.
La regla de gasto que aplica el ministro de Fomento a la capital no solo es injusta y arbitraria sino que no está en absoluto justificada, sobre todo si tenemos en cuenta que, al menos a tenor de su Gobierno, hemos superado la crisis económica. Si estamos dejando atrás la recesión económica (un hecho que nos cuesta ver en los barrios), ¿qué sentido tiene obligar a un ayuntamiento a recortar su gasto e inversiones cuando finalizó su último ejercicio con un claro superávit y no ha cesado de reducir, de manera profunda, su deuda? Solo vemos motivaciones políticas interesadas de su partido.
Por otro lado, la FRAVM considera inaceptable la intromisión en la autonomía municipal que ha provocado la intervención de Hacienda en las cuentas del Consistorio, y que se ha traducido en una merma evidente de la democracia de ámbito local.
Preocupada por la situación actual del Ayuntamiento, la federación vecinal, que agrupa a 277 colectivos de barrio (174 de la ciudad de Madrid), solicita al equipo de Gobierno municipal que aclare, de manera nítida, cómo va a afectar al presupuesto municipal la aplicación del nuevo PEF y qué consecuencias va a tener en el gasto y en las inversiones públicas. Qué partidas se van a reducir y si habrá proyectos ya aprobados que van a ser suprimidos o modificados. En definitiva, cómo va a afectar a los barrios y a la vida de sus gentes.
En este marco, la FRAVM espera que este PEF tenga en cuenta la profunda brecha territorial existente en la capital, atendiendo las necesidades de los barrios, distritos y sectores más vulnerables. Y pide al Ayuntamiento que ponga el foco de su acción en inversiones y gastos sociales que sirvan para reducir este desequilibrio y atenuar las nefastas consecuencias que han tenido en la ciudad años y años de políticas de austeridad y recortes sociales.
Una vez que la organización vecinal obtenga la información que solicita al Consistorio, la trasladará a sus asociaciones, que tras valorarla decidirán las acciones a emprender.
Foto: El Salto
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