La conocida periodista Montse Boix fue la encargada de abrir un acto en el que, además de Quique Villalobos, tomaron la palabra el concejal del consistorio capitalino Mauricio Valiente, la coordinadora del área de Incidencia Política y Participación Social y Comunicación de CEAR Madrid Cristina Sirur y, por último, representantes de varios ayuntamientos comprometidos con el refugio como Coslada, Fuenlabrada, Aranjuez, Paracuellos del Jarama y Rivas Vaciamadrid. En la presentación también participó la vicepresidenta de la FRAVM, María del Carmen Lostal.
Recordemos que el objetivo del encuentro del 9 de mayo, que se halla en la base del informe, no era otro que promover que los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid pusieran en marcha medidas, desde su ámbito competencial, para favorecer la acogida de las personas solicitantes de protección internacional para su integración social y laboral efectiva. El acto, tanto en su componente institucional como técnica, perseguía la consecución de un punto de inflexión en la configuración de nuevas y más amplias alianzas entre las administraciones locales y la sociedad civil organizada ante ese objetivo común; la defensa de los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
Más de una veintena de ayuntamientos participaron en el evento. La firma simbólica de un documento base supuso el inicio en la construcción del debate y la reflexión colectiva en torno a las estrategias a desarrollar en materia de acogida e inclusión de las personas migrantes y refugiadas en los municipios, “por ser estos un sujeto estratégico en la garantía de sociedades más cohesionadas y comprometidas”. La jornada técnica del encuentro se desarrolló en torno a cuatro ejes de análisis y actuación: contextualización de la realidad del refugio, sensibilización y formación, retos del municipio para una convivencia efectiva (vivienda, empleo, servicios sociales) y participación. Fruto del evento y como punto de partida, el espacio Refugio por Derecho Madrid, que agrupa a organizaciones sociales, vecinales, sindicales y políticas, elaboró el documento resumen de conclusiones, el informe que se presentó el 12 de diciembre y puedes descargarte al final de esta información. Un documento que busca ser una “herramienta para la gestión política y social en materia de inclusión efectiva de las personas refugiadas y migrantes” en un momento de absoluto fracaso de la política de acogida del Gobierno central. Recordemos que España apenas ha recibido a un 11% de personas refugiadas de la cuota a la que se había comprometido. Es decir, 1.983 personas frente a las 17.337 asignadas en un principio, “lo que nos coloca entre los países europeos con mayor grado de incumplimiento”.
El informe incorpora un extensa batería de propuestas, entre las que se encuentran, por citar algunos ejemplos, las que siguen:
– Reservar un cupo de vivienda pública para destinarlo a situaciones de emergencia habitacional
– Ejercer, por parte de los municipios, una mediación entre las entidades sociales que gestionan la acogida de solicitantes de protección internacional y personas refugiadas, y los propietarios/as de viviendas incluidas en las bolsas de alquiler municipal.
– Facilitar itinerarios de formación atendiendo a las características específicas de los colectivos, sus intereses, cualificación y experiencia, para lograr así sumar sus capacidades a nuestro mercado laboral.
– Añadir cláusulas específicas en los pliegos de contratación pública para el acceso, a un cupo determinado, de las personas refugiadas en planes municipales de formación y capacitación profesional y en bolsas de empleo municipal.
– Tomar medidas para paliar las dificultades de las personas refugiadas en el acceso a recursos formativos y la gestión de trámites burocráticos fruto de su situación administrativa y las características de su documento de identidad (tarjeta roja), realidad que afecta a su acceso a la vivienda, los servicios sanitarios, el empleo u otros.
– Reclamar al gobierno de la Comunidad de Madrid la creación de servicios gratuitos de intérpretes a disposición de los diferentes recursos municipales de atención al público.
– Flexibilizar los mecanismos de acceso a los procedimientos administrativos de competencia municipal como el empadronamiento, el acceso al transporte…
– Promover, en ese marco, el trabajo comunitario desde la perspectiva de la convivencia intercultural, y poner en marcha en barrios y pueblos programas de acompañamiento a las familias que están siendo acogidas, así como otros mecanismos de desarrollo comunitario.
– Etc.
