A partir del próximo 1 de agosto, las madrileñas y madrileños deberán hacer frente a la segunda subida de las tarifas del transporte público en lo que va de año. La medida, que fue aprobada el pasado viernes 18 de julio por el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes, incrementa en un 7,37% el precio del transporte público con respecto a las tarifas del pasado año, una subida muy superior a la inflación que, a juicio de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), desicentiva el uso del transporte público en favor del vehículo privado.

La FRAVM apoya el incremento anual del precio de los billetes siempre y cuando no supere el incremento previsto del IPC e, incluso, no llegue a agotarlo. Una verdadera política de fomento del transporte público como elemento nuclear de un sistema de movilidad sostenible debe evitar repercutir la financiación de la explotación y la inversión en el billete, reduciendo para ello los costes de explotación e incrementando los ingresos por el aumento de viajeros. El “tarifazo” aplicado este año inhibe el uso del transporte público en favor del privado en una región que supera de forma alarmante los índices máximos de contaminación atmosférica recomendados por las UE y castiga las maltrechas economías familiares en una coyuntura económica desfavorable, por lo que considera una burla que el Gobierno regional matice las consecuencias de la subida alegando que aplica “criterios sociales para que los sectores con menos posibilidades no sean los más perjudicados”.

La FRAVM, que remitió una carta al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid el pasado 22 de julio solicitando la retirada de la subida, denuncia que el Gobierno regional promueva un “plan de austeridad presupuestaria y de eficiencia en el gasto” y la reducción de los impuestos de su competencia a costa de castigar a los sectores de población más maltratados por la recesión económica y la escalada del desempleo.