Resulta indignante que tengamos que esperar a que se produzca un hecho como el de la subasta de ayer, que da fe del comportamiento mafioso de las grandes empresas de la energía (que alteran los precios del mercado a su antojo, actuando como un monopolio y rompiendo el libre mercado) para que el Gobierno central utilice los mecanismos de regulación que le confiere la ley. Por otro lado, es paradójico que un momento de crisis tan profunda como la que vivimos, mientras se han registrado 1.400.000 cortes de luz durante 2013 en España, las cuatro grandes compañías eléctricas hayan obtenido unos beneficios superiores a los 6.000 millones de euros en el mismo periodo. Y es que la factura eléctrica ha aumentado un 63% desde 2003, y lo ha hecho a la par que se reducía, en los últimos años, el poder adquisitivo de la población. Se trata de cifras aberrantes, pues aberrante resulta que se arroje a la pobreza energética a decenas de miles de hogares, que en estas fechas invernales no tienen siquiera dinero para encender la calefacción o cocinar con energía convencional. En esta línea, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) critica la falta de humanidad del grupo parlamentario del PP, que hace unos días votó en contra de una propuesta, apoyada por todos los demás grupos políticos y que cuenta con el beneplácito de muchas organizaciones sociales, la federación ciudadana entre ellas, de establecer una tregua invernal de cortes de suministros básicos de energía. Por todo esto, la FRAVM exige al Gobierno que no se conforme con invalidar la subasta de ayer y que de una vez por todas establezca unos mecanismos de regulación que se adecúen a las circunstancias y necesidades de la población. Ha llegado el momento de que se produzca una intervención estatal realmente de calado, con objeto de que la tarifa eléctrica quede completamente regulada y no a merced de unas compañías cuyo interés corre en contra de las necesidades básicas de la ciudadanía. En este marco, las asociaciones vecinales saludaríamos incluso la renacionalización del sector. Por último, puesto que ha quedado de sobra demostrado que, en contra de lo expresado por las grandes compañías, no son las renovables las que inciden en el precio de la energía sino todo lo contrario (ya que pueden atemperar los costes de producción), lo lógico es que se vuelva a incentivar la producción de ese sector, a través de fórmulas como ayudas o subvenciones. Por desgracia, el proyecto de nueva ley del sector eléctrico va en una dirección opuesta, al penalizar la autogestión energética y la producción doméstica a partir de renovables.