Esta madrugada, Amparo, una vecina de Carabanchel madre de seis hijos, tres de ellos menores y con dos nietos a su cargo, se quitaba la vida tras recibir una carta de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Madrid en la que le comunicaban que tenían que abandonar su vivienda el próximo mes de octubre. Amparo y su compañero debían a la empresa municipal 900 euros.

Desde la  Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) lamentamos profundamente estos hechos y queremos transmitir a su familia nuestro más sentido pésame.

Exigimos a las administraciones públicas:

– Que tomen, de una vez por todas y de manera inmediata, las medidas que sean necesarias para poner freno a la sistemática vulneración del derecho a la vivienda y a las dramáticas situaciones a las que se está arrastrando a los sectores de la población más vulnerables económicamente.

– El cese inmediato de la política de desmantelamiento de los organismos públicos de vivienda, diseñada para sanear las cuentas municipales a costa de los derechos de las personas, desalojando las viviendas para poder venderlas a empresas privadas.

– La inmediata paralización de los desahucios y desalojos sin alternativa habitacional adecuada para las condiciones económicas y las necesidades de los vecinos y vecinas víctimas de los desalojos.

– Que los organismos públicos de vivienda (EMVS e IVIMA) pongan los cientos de pisos que poseen y mantienen vacíos a disposición de las necesidades de las familias víctima de procesos de desahucio.