Todas las comunidades autónomas han firmado con el Ministerio de Fomento convenios de colaboración para el impulso de la rehabilitación de los edificios y la tenencia en alquiler. La única comunidad que no lo ha hecho es la madrileña. Hasta ahora los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González se han negado a suscribir los pertinentes acuerdos.

Están en juego más de 40 millones de euros que, en el periodo 2015-2016, el Ministerio entregaría a la Comunidad de Madrid para que ésta subvencione a miles de familias de nuestra región en la realización de actuaciones tales como la reparación de edificios que se hallan en mal estado, la incorporación de medidas que permitan reducir el consumo energético, la instalación de ascensores en bloques de viviendas de 3 y más alturas que carecen de él. Asimismo, una parte de ese dinero se destinaría a apoyar a familias con muy bajos ingresos para el pago de las rentas de alquiler.

Si no se firma el convenio, entonces no solo se pierden los citados 40 millones de euros, lo cual ya es muy grave; sino que hay otras consecuencias. Así, en rehabilitación, tendríamos que no se genera inversión privada, la realizada por las familias propietarias de las viviendas, cuyo importe sería más del doble de la subvención pública. La rehabilitación es hoy y en los próximos años una inversión estratégica para crear empleo en el sector de la construcción, el más castigado por la crisis. Por otra parte, el apoyo a las familias con menos ingresos en el pago del alquiler es una política necesaria para frenar los desahucios. En este capítulo hemos de denunciar una vez más la venta de viviendas públicas a fondos buitre.

En otro orden de cosas, la FRAVM exige a la Comunidad de Madrid que, junto con la firma del convenio con el Ministerio de Fomento, repare el enorme perjuicio que está causando el artículo 20 de la Ley 4/2012 en el bolsillo de cerca de 20.000 familias. En efecto, en junio de 2012, el Gobierno de Esperanza Aguirre sacó adelante una ley en la que, entre otros recortes de derechos sociales, decidía 1) no pagar el tramo autonómico de las subvenciones a las familias que, en el marco de los planes de vivienda estatales y regionales, habían rehabilitado sus viviendas en los años anteriores y 2) bajar de 50.000 a 15.000 euros las subvenciones a las comunidades de propietarios que habían instalado ascensores en edificios de 3 y más alturas que carecían de él. Ambas decisiones -en una descarnada vulneración del principio de irretroactividad de las leyes, acogiéndose a subterfugios y trampas legalistas- han generado una deuda de 10 millones de euros con miles y miles de familias. Para reparar el derecho de las mismas y para recuperar la credibilidad en los planes de rehabilitación es necesaria y prioritaria la derogación del infausto artículo 20.

Pero la nefasta gestión de la rehabilitación desarrollada por la Comunidad de Madrid no se para aquí. De 2008 en adelante no se aprobaron nuevos proyectos de rehabilitación, aun cuando, según nuestros datos, se presentaron del orden de 15.000 solicitudes. Muchas de éstas, dada la situación de las construcciones, hubieron de acometer las obras. En un número importante de casos que tenemos documentados lo hicieron contando con la aprobación y beneplácito verbales de algún responsable del Gobierno autonómico, bajo la promesa de que “todo se arreglaría sin problemas”. Pues bien, al día de hoy, las familias no solo no han recibido ninguna ayuda, sino que los responsables políticos se llaman a andanas y, apelando a que “no hay nada por escrito”, no reconocen derecho alguno a los afectados. La FRAVM en tales casos exige la adopción de las pertinentes medidas de reparación y el pago de las correspondientes subvenciones.