“Las medidas pro ambientales, la implantación del principio de quien contamina paga, defendido desde de la Unión Europea, y el mantenimiento de un servicio de calidad impiden que el Ayuntamiento de Madrid continúe prestando el servicio de gestión de residuos de manera gratuita como ha hecho hasta la fecha”, por lo que hoy ha anunciado la aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos o Municipales, que grava el coste de la recogida de basura.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), organización que históricamente ha defendido una fiscalidad progresiva como mecanismo para garantizar la efectiva prestación de servicios públicos y la construcción de las correspondientes infraestructuras se opone con firmeza a la creación, por parte del Ayuntamiento de Madrid, del nuevo tributo toda vez que responde a la incapacidad del consistorio para hacer frente a los efectos de la crisis económica como consecuencia, entre otras, de la deuda acumulada.
La FRAVM se opuso hace unas semanas al incremento de las tarifas de aparcamiento por superar en dos puntos el IPC y por no estar destinado, siquiera, a fomentar una política de disuasión del uso del vehículo privado. La subida respondía a un afán meramente recaudatorio.
También en esta ocasión entiende la federación vecinal que la creación de la tasa de recogida de la basura responde a este objetivo. La FRAVM considera inadmisible que la administración local ejerza mayor presión fiscal sobre las economías familiares en un momento de generalizado de empeoramiento de las condiciones de vida de los madrileños, especialmente de las personas más vulnerables.
Insta, por tanto, al Ayuntamiento de Madrid a que refuerce las políticas sociales y los servicios públicos y a prescindir de las inversiones menos urgentes -tal y como ha hecho con la remodelación del eje Recoletos-Prado-: la construcción de nuevos túneles, las infraestructuras contempladas en la candidatura olímpica de Madrid 2016, los grandes fastos…
Por último, considera inadmisible que el consistorio madrileño justifique la creación del nuevo impuesto con un argumentario de tintes pretendidamente ecológicos y aplique medidas punitivas (vigilancia de los contenedores de basura de las comunidades de vecinos y sanciones de hasta 750 euros para quienes no separen en origen los residuos; incremento de las multas por pintar graffitis) dada su política urbanística, basada en la construcción de grandes infraestructuras, muchas de las cuales constituyen auténticos atentados ecológicos, como la ampliación de la M-30 o la constante destrucción de zonas verdes, com el Parque Lineal del Manzanares, entre otros muchas.
La FRAVM entiende que la reciente actualización del IBI basta para financiar el servicio de recogida de basuras.
