Desde años asociaciones vecinales y colectivos de barrio siembran en Madrid huertos urbanos comunitarios en parcelas públicas abandonadas que se han convertido en pasto de la suciedad. La experiencia llegó a ser reconocida como Buena Práctica en Sostenibilidad Urbana por Naciones Unidas en 2012. Ya dos años antes, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) planteó al Ayuntamiento de la capital la regularización de estas prácticas con el objetivo de recuperar y poner en valor espacios degradados e infrautilizados para convertirlos en espacios educativos y de encuentro comunitario y en zonas de cultivo de verduras y hortalizas.
Las conversaciones establecidas con diferentes y sucesivos responsables del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento parecían haber llegado a buen puerto. Hace nueve meses llegamos a un principio de acuerdo sobre el formato y las condiciones que tendrían que cumplir tanto el propio Consistorio como las entidades adjudicatarias de las parcelas destinadas a huerto urbano.
El pasado lunes 20 de octubre el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó la convocatoria del procedimiento de otorgamiento de autorización demanial para la ocupación de parcelas de dominio público para uso de huertos urbanos comunitarios que obliga a las asociaciones a pagar el agua.
Este requisito constituye un incumplimiento del acuerdo establecido entre la FRAVM y la Red de Huertos Comunitarios en sucesivas reunciones con el Ayuntamiento, cuyos responsables asumieron el pago, por parte del Consistorio, del agua que correspondiera a un riego eficiente, fijado en un metro cúbico anual por metro cuadrado de cultivo. El uso excesivo que se hiciera del agua correría a cargo de las asociaciones que no hubieran regado adecuadamente.
Hace tres semanas la FRAVM pidió una reunión con el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento para conocer el contenido definitivo de los pliegos de condiciones. La respuesta ha llegado por la vía de los hechos consumados.
Después de cuatro años de actividad ciudadana y de una larga carrera de obstáculos para llegar a un acuerdo, este trabajo es, en palabras de José Luis Fernández, responsable de huertos de la FRAVM “despreciado por el Ayuntamiento”, un “precedente muy poco motivador para los procesos de participación ciudadana en marcha en nuestra ciudad”.
Las asociaciones vecinales fijarán su postura definitiva sobre el pliego en los próximos días.
