En estos lugares, miles de viviendas y locales siguen recubiertos de Uralita, como lo están algunas naves de los polígonos industriales más antiguos de la región. Más allá de esas ubicaciones, desconocemos la dimensión real del problema, y por ello la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) acaba de registrar una petición de cara a los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid de este año para la elaboración de un registro de establecimientos y estructuras que tengan amianto o materiales que lo contengan, un paso imprescindible para su eliminación definitiva. Puedes leerla y apoyarla aquí.

En las barriadas populares citadas es habitual escuchar que la Uralita no supone un peligro si no se manipula, pero también que si el material se halla a la intemperie, con los años, puede deteriorarse y comenzar a emitir fibras responsables de procesos cancerígenos. Por eso, todo el mundo sabe que lo mejor para evitar riesgos en la salud es hacerla desaparecer, pero las modestas rentas de sus residentes no lo permiten. “Hace años la Comunidad de Madrid nos declaró Área de Rehabilitación Integral y entonces presentamos más de mil solicitudes de ayudas para acabar con la Uralita, pero al final no nos llegó un duro con la excusa de la crisis”, se queja Juan Cordero, presidente de la Asociación Vecinal de Orcasitas, donde 1.200 viviendas conservan aún tejados de ese material. La entidad ha solicitado una reunión con el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, para abordar el reemplazo de las cubiertas del barrio, un tema que también tiene previsto abordar con el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. Tanto la vecindad de este barrio de Usera como la de San Pascual debaten en estos momentos si presentarse a las ayudas del Plan MAD-RE para ejecutar los cambios. El caso del Poblado Dirigido de Fuencarral es más complejo, pues el barrio está protegido con nivel 3 de catalogación ambiental y cualquier transformación resulta más farragosa y costosa.

Registro de instalaciones con amianto

La propuesta que ha registrado la FRAVM en el portal Decide Madrid, que tiene el código de proyecto 11324, consiste en la elaboración de un registro municipal de “edificios, estructuras e instalaciones situadas en la capital que tengan amianto o materiales que contengan amianto (MCA): fibrocemento, placas y tubos (uralitas), plásticos reforzados, telas asfálticas, conducciones de agua potable, calorifugados y cordones (calderas de calefacción y sus conducciones, hornos, instalaciones industriales)”.

Recordemos que el amianto es una sustancia que se usó profusamente en el sector de la construcción, la industria o la automoción entre los años sesenta del siglo pasado y el año 2001, cuando se publicó una Orden Ministerial que prohíbe su uso y comercialización en España. En 2006 se aprobó el Real Decreto 369/2006 que, entre otras cosas, establece las pautas a seguir en trabajos de mantenimiento de instalaciones con amianto y en su retirada.

La prohibición de su uso no ha eliminado el riesgo de este agente cancerígeno ya que se calcula que dos millones y medio de toneladas están presentes aún en edificios y estructuras de España, en contacto con la población. La exposición prolongada a las fibras de amianto provoca en el ser humano placas pleurales, fibrosis pulmonar (asbestosis) y, sobre todo, diversos tipos de cáncer como el de pulmón, el de laringe, el mesotelioma pleural y otros. Gran número de estas patologías dan la cara décadas después de la exposición y muchas veces finalizan con el fallecimiento de las víctimas.

Uno de los retos de la salud pública actual es la eliminación del amianto instalado y así lo recomiendan numerosas entidades privadas y públicas, incluido el Parlamento Europeo, que en su resolución del 14 de marzo de 2013 insta a los Estados miembro de la UE a poner en marcha planes para su detección, retirada y protección a las víctimas. Un paso previo imprescindible para acometer este tipo de planes es la elaboración de registros de espacios que contengan amianto para, en primer lugar, poder gestionar adecuadamente el riesgo en caso de labores de mantenimiento o emergencia y, en segundo, acometer adecuadamente las labores de retirada para su traslado a vertederos autorizados. A tenor de la FRAVM, el ámbito municipal es el más adecuado para elaborar este tipo de registros, tal y como ya sucede en localidades como Valladolid y Bilbao.