La inmensa tragedia que ha supuesto el paso del Covid-19 por las residencias de mayores en estos dos meses y medio de pandemia ha sacado a la luz las deficiencias y debilidades de un modelo en el que el peso del sector privado y los fondos de inversión es abrumador. El Gobierno de la Comunidad de Madrid calcula que entre el pasado 8 de marzo y el 13 de mayo fallecieron por coronavirus confirmado o con sintomatologías compatibles 5.886 ancianos y ancianas en las residencias de la región. Ante el avance de la enfermedad, estos centros se han convertido en auténticas ratoneras para nuestros queridos abuelos y abuelas, no solo en nuestra región sino en la mayoría de las comunidades autónomas de España y en buena parte de los países de Europa. No es de extrañar. Casi todo el continente comparte el mismo modelo, en el que la idea de negocio se antepone a cualquier noción de servicio público o de cuidados a un colectivo de población vulnerable.
Antes de la llegada de la epidemia, el sector vivía una suerte de burbuja, y era pasto de fondos de capital riesgo, socimis, aseguradoras y constructoras, grandes empresas que mantienen las residencias con el personal mínimo y en condiciones de enorme precariedad, a pesar del elevado precio medio de sus plazas. Tal y como ha reseñado el propio Defensor del Pueblo en varias ocasiones, haciéndose eco de las denuncias de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), en los tres últimos años las quejas de usuarios y familiares ante el deterioro de la calidad del servicio no han cesado de aumentar, lo que ha generado la eclosión de todo un movimiento social, la Marea de las Residencias, que cuenta con el apoyo cerrado de la FRAVM. Escasez de personal, falta de limpieza, malos tratos, abandono, deficiencias en los cuidados, problemas con la alimentación, déficit de equipos y materiales… son quejas que se repiten una y otra vez. Diversos medios han señalado que antes de la pandemia las 25 residencias públicas de la Comunidad de Madrid tenían 215 empleados menos de los que el propio Gobierno regional estimaba necesario.
Tras analizar la situación de las residencias en España y en la Comunidad de Madrid, baluarte de la externalización de los servicios públicos en el Estado, la FRAVM considera que es urgente y esencial avanzar hacia un cambio radical del modelo. A tal fin, a través de su Comisión de Mayores, presenta hoy una batería de propuestas que busca dignificar el sector y sentar las bases para que no se vuelva a repetir lo sucedido en estas semanas.
Como no podía ser menos, la primera de las propuestas tiene que ver con el esclarecimiento de los datos de fallecidos y afectados por el Covid-19 en las residencias, así como con la depuración de responsabilidades penales y políticas ante una pésima gestión. La Fiscalía General del Estado ha abierto ya 160 diligencias penales en relación a estos hechos. De ellas, 79 se encuentran en la Comunidad de Madrid. La FRAVM ha mostrado su apoyo a la acción en este marco de Pladigmare, que ha presentado ante la Fiscalía decenas de denuncias. Por ende, da la bienvenida a la Asociación de Personas Afectadas en la Gestión de las Residencias, de ámbito estatal, que el pasado lunes se presentó públicamente y que ha sido creada “para contribuir al cambio del modelo de cuidados de las personas mayores”.
Estas son las medidas propuestas por la FRAVM que, además de aclarar la gestión de la pandemia, persiguen preparar las residencias ante un eventual rebrote del virus, iniciar la transición a un nuevo modelo e incrementar la oferta pública de plazas:
1. Publicación de las cifras de fallecimientos en las residencias y, en su caso, traslado a la Fiscalía o tribunales
– Publicación de los datos sobre fallecimientos, especificando las causas de la muerte (debidas a la Covid-19, con síntomas similares y debidas a otras causas) y si la muerte ha tenido lugar en la residencia o en el hospital, con desglose por centros. El gobierno de la Comunidad de Madrid es uno de los más opacos, hasta el punto de que quitó las competencias al consejero de Política Social cuando suministró información a los portavoces parlamentarios sobre las muertes en residencias.
– Traslado a la fiscalía o a los tribunales correspondientes de los casos en que se sospeche o demuestre que ha habido negligencia, mala praxis…
– Asimismo, con independencia de lo que suceda en el orden judicial, se han de abrir los expedientes sancionadores que procedan en el orden administrativo
2. Aprobación de las medidas mínimas que han de cumplir las residencias en previsión de eventuales rebrotes de la pandemia
3. Transición hacia un nuevo modelo de residencias
La crisis de la Covid-19 ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales del modelo. A medio-largo plazo, dicho modelo ha de ser transformado. Planteamos:
– Plan de inversiones públicas para construir las plazas deficitarias. En la Comunidad de Madrid hay un déficit de 10.000 plazas, el equivalente a 100 residencias de 100 plazas. La dotación del plan habría de ascender a unos 750-1.000 millones de euros.
– Los centros públicos han de localizarse en los ámbitos de residencia de las personas que acogen (residencias de proximidad) y, preferentemente, deberían ser de pequeño tamaño.
– La normativa ha de fijar unos estándares mínimos en relación al número de personas atendidas: personal en cada turno, superficies, habitaciones, equipos…
– Establecer las ratios mínimas obligatorias en cuanto a equipamiento y personal para atención sociosanitaria.
– Las condiciones laborales del personal deben mejorar.
– Dar preferencia a la gestión directa de las residencias públicas.
– Revisión de los conciertos establecidos con las residencias privadas.
– Fomentar las alternativas residenciales tales como cohousing, apartamentos de mayores, pisos tutelados…
– Impulsar-divulgar fórmulas de piso compartido intergeneracional (personas mayores con vivienda comparten con jóvenes a cambio de compañía y ayuda).
– Información semanal de las personas que no reciban visitas o contactos telemáticos.
– Dotar a los centros de salud de una plaza de médico/a de geriatría que atienda a las residencias y a la población de su zona.
– Disponer de desfibriladores, equipamientos de protección y sanitarios de acuerdo con las necesidades de los residentes y los diversos tipos de profesionales.
4.Vigilancia de las residencias privadas
– Refuerzo de los servicios de inspección. Entre 2014 y 2018, fueron sancionadas 96 residencias de la tercera edad en la Comunidad de Madrid, cerca de una de cada cinco de las existentes. Muchas de ellas lo fueron por faltas muy graves que hubieran justificado el cierre, pero que siguen funcionando después de abonar una multa. El 20% es una proporción de infractores muy alta y, a buen seguro, el número real es muy superior.
– Revisar las certificaciones de las residencias cada vez que cambie la titularidad.
– Requerir la presentación y publicación de la Carta de Servicios y su cumplimiento.
5. Democratización de la gestión de las residencias
– Regulación por ley de la participación de los y las mayores y sus familias en la marcha de las residencias.
– Creación de consejos de residentes y familiares, revisando al efecto los reglamentos de régimen interno.
6. Coordinación entre las CCAA y el Estado
La pandemia ha puesto al descubierto la disfunción de las comunidades autónomas en proveer a las personas mayores de un servicio residencial de calidad basado en la atención sociosanitaria que exige el artículo 50 de la Constitución Española, el derecho a la salud del artículo 43, y recoge el artículo 25.1 de la Ley de Dependencia. Por ello, de acuerdo con los informes del Defensor del Pueblo de 2018 y 2019 y tomando en consideración el del Tribunal de Cuentas de 2017, se propone que el Consejo Territorial rinda cuentas del ejercicio de sus competencias previstas en el artículo 8 de la LAPAD para garantizar la debida coordinación entre CCAA y el Estado, la coherencia de políticas y la igualdad de derechos en los servicios en todo el territorio nacional, desarrollando una norma específica para los servicios residenciales que acogen a la población más vulnerable, la cual necesita un grado mayor de protección de su salud, autonomía y derechos.
Datos demoledores
En 2019, de acuerdo con los datos publicados por el CSIC, en la Comunidad de Madrid había 425 residencias de la tercera edad (353 privadas y 72 públicas), con un total de 48.768 plazas (37.305 privadas y 11.463 públicas). Estos datos arrojan una ratio de 4,1 plazas por cada 100 habitantes de 65 y más años y 0,7 por cada 100 residentes. El peso de la red privada es aplastante: el 76% de las plazas, más de 3 de cada 4. La ratio de plazas públicas por cada 100 mayores apenas alcanza el 1%. El estándar que fija la OMS es de 5 plazas por cada 100 habitantes mayores, de modo que se necesitarían del orden de 59.000 plazas. El déficit en nuestra región es superior a 10.000 plazas, el equivalente a unas 50 residencias de 200 plazas o 100 de 100 plazas.
Sobre las plazas que existen en la actualidad, todo el mundo conoce su elevado precio, un hecho que priva del acceso a las familias con niveles de renta bajos y medio-bajos. Una plaza cuesta, en la Comunidad de Madrid, una media de 2.000 euros/mes, mientras que según datos del INSS a 31 de diciembre de 2019, la pensión media en la Comunidad de Madrid era de 1.171 euros/mes, apenas la mitad del coste de la plaza. La entrada, por tanto, está reservada a rentas altas o a familias en las que los hijos e hijas han de hacer un considerable desembolso.
El sector ha experimentado una gran progresión en los últimos años. Según DBK Observatorio, en 2018, el sector privado facturó 4.500 millones de euros en toda España, con un incremento del 3,4% sobre el año anterior. Se estimaba que en 2019 y 2020 se registrarían incrementos similares, acercándose en 2020 a una facturación de 4.800 millones de euros. Esto supone unos ritmos de evolución que casi duplican el crecimiento del PIB.
Tales cifras muestran que el sector estaba (antes de la crisis del coronavirus) en plena ebullición. En la actualidad, los cinco operadores principales tienen una cuota de mercado del 25%, frente al 14% en 2013. Entre los grandes grupos destacan conglomerados como DomusVi, Vitalia Home, Amavir, Orpea o Clece. El primero cuenta con 25.000 plazas y casi 200 residencias, cuya matriz en España es Geriavi SL, 100% propiedad de DomusVi SAS, participada por ICG (un gran fondo de inversión británico) y Sagesse Retraite Santé (vehículo de inversión de Yves Journel, un multimillonario francés). Es una marca comercial que opera a través de firmas como Quavitae Servicios Asistenciales SA y otras. ICG está especializado en compras apalancadas.
Vitalia Home, por su parte, posee medio centenar de residencias y cerca de 8.000 plazas, 80% del fondo CVC Capital Partners, uno de los gigantes europeos de capital riesgo. Amavir dispone actualmente de 6.200 plazas y 42 residencias. Pertenece a Maisons de Famile-Asociación Familiar Mulliez, un grupo familiar propietario de colosos como Alcampo, Decathlon y Leroy Merlin. Orpea tiene 49 centros en España, de los cuales 23 están en la Comunidad de Madrid. Pertenece a la sociedad francesa ORPEA, segundo grupo europeo en residencias de mayores. Por último Clece, con 61 residencias, es propiedad mayoritaria de ACS.
Y estos son solo unos ejemplos del tipo de propiedad que reina en el mayoritario sector privado de las residencias en España, un sector que, por otro lado, obtiene buena parte de sus beneficios del sector público. Así, por ejemplo, DomusVi, el mayor operador privado en España, recibe pagos de más de 80 organismos, que suponen alrededor de dos tercios de su facturación. Lo hace de al menos 15 comunidades autónomas, 47 ayuntamientos y 5 diputaciones provinciales.
Imagen: Christian Martínez / El Salto
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