Ante el anuncio aparecido en el día de hoy de que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) pondrá a disposición de las ONG 800 viviendas para atender la necesidad de familias que hayan sido desahuciadas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) considera inadmisible que delegue esta tarea en entidades privadas. Para la entidad ciudadana, que enmarca la propuesta en el actual proceso de privatización acelerada y deterioro de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, debe ser el propio IVIMA el que gestione ese parque. La Federación entiende la parálisis que vive el instituto público desde hace meses como un signo evidente de las intenciones del Ejecutivo de Ignacio González de desmantelar un dispositivo que en la actual coyuntura de crisis debería tener prioridad absoluta.
Por otro lado, valora como absolutamente ridícula la cifra de viviendas que integrarán este parque de emergencia social al confrontarla con la de ejecuciones hipotecarias, que en estos momentos se eleva a las 2.000 mensuales solo en la región madrileña.
La solución no es que el IVIMA ponga viviendas, sino que el Gobierno central del PP paralice todos los desahucios de familias sin alternativa habitacional mientras dure la crisis y obligue a las entidades financieras a negociar con aquellas contratos de alquiler social, sostiene la FRAVM. En sintonía con la Iniciativa Legislativa Popular que actualmente impulsan las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y el movimiento vecinal en todo el Estado, otras medidas que ayudarían realmente a atenuar un problema que desde hace tiempo alcanza unas dimensiones inadmisibles son la conversión de las casas desahuciadas en viviendas de alquiler social y la regulación de la dación en pago en favor de los deudores, de manera que estos puedan cancelar la deuda perpetua a la que son condenados por los bancos.
