La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) apoya en su lucha a los usuarios, familiares y trabajadores de los centros ocupacionales Magerit y Fray Bernardino y el Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos de Arganda del Rey por el precipitado cierre ordenado el pasado 10 de marzo por la Dirección General de Bienestar Social.

La FRAVM considera que la actuación de la Consejería en los que a estos tres centros respecta es, cuanto menos, irresponsable toda vez que no todas las familias de los más de 300 usuarios afectados han recibido, a fecha de hoy, la comunicación del traslado de sus familiares, que se llevó a cabo el pasado jueves. “El mal estado de los edificios y su necesaria rehabilitación justificaría un traslado temporal de los usuarios pero, garantizando siempre –matiza Gabriel Lozano, responsable de la comisión de Bienestar Social de la FRAVM– que ocasiona el menor trastorno posible a los trabajadores, familiares y usuarios y, desde luego, garantizando el retorno a sus respectivos centros en las condiciones en las que los abandonaron. La urgencia con la que la Consejería ha llevado a cabo el traslado es a todas luces inadmisible toda vez que, como reconoce la propia resolución del cierre `no hay riesgo de inminencia apremiante general’”.

A pesar de la señalada falta de urgencia, la Consejería de Bienestar Social ha hecho flaco honor a su nombre al no considerar ninguna de estos requisitos mínimos. Causa alarma, además, que cuatro días después del traslado todavía no se hayan transferido los expedientes de los usuarios de los centros con los datos referidos a dietas, medicaciones…, un trastorno que se suma a la presión a la que habrán de hacer frente los profesionales de los nuevos centros de acogida.

A fin de encontrar una solución que garantice los derechos de usuarios y profesionales, la FRAVM pide a la consejera que se reúna con responsables de la Plataforma, que reclama la inmediata reapertura de los centros clausurados garantizando el retorno a los mismos de los profesionales y usuarios expulsados. En caso de que la Consejería demuestre la inviabilidad de esta medida, la plataforma apostaría por el cierre parcial de los edificios que comporten algún riesgo manteniendo operativas las partes, dependencias y talleres que garanticen la seguridad necesaria.

En última instancia y en caso de que las reformas sean incompatibles con el uso de los edificios y mientras duren las obras, la Plataforma exige “un traslado digno y planificado de los usuarios, buscando centros completos alternativos donde, de forma provisional, reciban la misma atención, en los mismos grupos y con los mismos profesionales con los que tantos años llevan”.