Con el telón de fondo de la crisis económica, el Gobierno español pretende endurecer, aún más, sus políticas migratorias aprobando un anteproyecto de Ley, algunos de cuyos aspectos han despertado la viva oposición de organizaciones sociales de todo el Estado.
Con la excusa de adaptar la ley a las disposiciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional (derecho a la huelga, de reunión, de asociación de las personas migrantes en situación de clandestinidad, etc.) el Gobierno de Rodríguez Zapatero pretende llevar a cabo una reforma que endurece las condiciones de vida de la población migrante hasta unos extremos que rozan la anticonstitucionalidad, como han venido a demostrar varias sentencias judiciales.
La reforma se plantea ampliar los plazos de detención en los Centros de Internamiento de Extranjeros hasta 60 días, un plazo que podría llegar a ser indefinido por causas “no imputables” a la Administración, condenando así a personas que no han cometido ningún delito a permanecer encarceladas.
El anteproyecto también contempla aprobar medidas que en la práctica obstaculizan la reagrupación familiar de las y los ascendientes exigiendo que la persona que reagrupe tenga autorización de larga residencia y que él o la ascendiente tenga más de 65 años.
Una de las medidas que más oposición ha generado ha sido la que castiga la solidaridad con las personas migrantes en situación de irregularidad administrativa como infracción grave con multas de hasta 10.000 euros. Entre estas infracciones se encuentra la de inscribirlas en un domicilio a efectos de alta en el padrón municipal, con lo que se le cierran las puertas a derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria y la educación.
Las reformas propuestas restringen también los derechos de los y las menores no acompañados, que podrán ser puestos a disposición de los servicios de protección del país de origen sin garantizar la reagrupación familiar primando, en consecuencia, su condición de extranjeros y extranjeras sobre la de menores, lo que constituye una vulneración de la legislación vigente sobre la protección de los menores.
Por todo ello, la Plataforma euro-africana Puentes no muros ha convocado manifestaciones en diferentes ciudades europeas, entre ellas Madrid, para pedir a los candidatos al Parlamento Europeo que concurren a las elecciones del próximo 7 de junio que sitúen en el centro de las políticas europeas de migración y desarrollo el respeto por la justicia, los derechos humanos y la dignidad humana, a la que se suma la FRAVM.
