La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) apoya la huelga promovida por la Coordinadora de Equipos de Atención Primaria de Madrid para hoy.
En línea con su activa oposición al decreto de área sanitaria única y libre elección que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre pretende aprobar y contra la cual ha convocado numerosas movilizaciones durante los últimos meses, la FRAVM entiende que la huelga aporta visibilidad a la oposición de los profesionales sanitarios al proyecto de ley, una oposición que ya pusieron de manifiesto el pasado mes de junio con la entrega en la Consejería de Sanidad de 6.000 firmas contrarias al decreto.
En consonancia con los promotores de la movilización, la FRAVM entiende que el proyecto de ley pretende desmantelar un modelo sanitario considerado modélico eliminando todas las áreas de Atención Primaria y fomentando la competencia entre profesionales y centros sanitarios por captar pacientes. Ello dificultará la necesaria colaboración entre los equipos de profesionales y la imprescindible coordinación entre Atención Primaria (AP) y la Atención Especializada (AE); impondrá la movilidad forzosa de profesionales allí donde más demanda exista según los flujos de población y dotará de más recursos a los centros más demandados en detrimento de otros, muy probablemente situados en las zonas más desfavorecidas de la región.
La FRAVM advierte que la aprobación del proyecto de ley de área sanitaria única imposibilitará la planificación de recursos en base a las verdaderas necesidades de salud de la ciuidadanía madrileña, que en estos momentos pasa por la urgente construcción de, al menos, 42 centros de salud de gestión pública y 20 centros de especialidades y la contratación de un mínimo de 1.250 médicos de familia, de 420 pediatras y del necesario personal administrativo y de enfermería para atender la demanda existente.
A juicio de la Federación vecinal, por tanto, el proyecto de ley, lejos de dar respuesta a estas necesidades, desregulará un sistema sanitario que hasta ahora ha garantizado un acceso universal, equitativo y de calidad a los servicios públicos de salud abriendo la veda a la competencia y a la conversión de la atención sanitaria en un lucrativo negocio para las empresas privadas.
Pide, por tanto, la retirada del proyecto de ley e insta al Ejecutivo de Esperanza Aguirre a que inicie una ronda de contactos con los partidos políticos de la oposición, con los sindicatos, con las asociaciones profesionales y con las entidades ciudadanas al objeto de obtener el máximo consenso posible en torno a las necesarias mejoras de la sanidad pública madrileña.
