El rechazo de ayer en el Parlamento a la convalidación de dos importantes decretos del Gobierno, que venían a reforzar y consolidar el llamado “Escudo Social”, supone un durísimo ataque a las condiciones de vida de la mayoría social de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma.
Con el Movimiento Hábitat 24 ya alertamos en noviembre de las graves consecuencias que tendría no prorrogar el Real Decreto-ley 8/2023, a lo que añadíamos otras necesidades urgentes que trasladamos a aquellos grupos parlamentarios que estuvieron dispuestos a escucharnos, el PSOE, SUMAR, BNG y Podemos.
Todas esas medidas del Escudo Social y otras también importantes fueron rechazadas ayer con los votos del PP, Vox, Junts y UPN en el decreto ómnibus y con los votos también del PNV en el caso del mantenimiento del impuesto a las grandes energéticas.
La decisión del PP, Vox, Junts y UPN niega a 12 millones de pensionistas una revalorización del 2,8% para las pensiones contributivas y un 9% para las pensiones no contributivas, lo que les hará más difícil aún afrontar la subida exponencial del precio del alquiler de la vivienda y la inflación actual, especialmente a las personas con situaciones más precarias.
Del mismo modo, se suspenderán las ayudas al transporte por culpa de esta irresponsable decisión, desapareciendo la prórroga de los descuentos de hasta el 100% del transporte público terrestre que se había planteado hasta el 30 de junio de 2025. Con ello, todas las personas que deben desplazarse diariamente en transporte público a sus puestos de trabajo verán encarecerse estos trayectos, lo que supondrá una merma de su capacidad adquisitiva para afrontar el imposible mercado actual de la vivienda o cualquier gasto esencial.
Con el gesto de ayer, decae también la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI), que volverá a su cifra de 2023 de 1.080 euros al mes en 14 pagas. El voto del PP, Vox, Junts y UPN devuelve a ese año a todas las personas que habían visto aumentar su capacidad económica para afrontar la carestía de la vida, condicionada hoy, principalmente, por el precio de la vivienda. Aquellas personas que cobran menos, que tienen los empleos más precarios, es decir, la juventud, las personas migrantes, las mujeres y los colectivos más desfavorecidos, recibieron ayer de parte nuestra sociedad un portazo en las narices.
De igual manera, los citados grupos de derecha y ultraderecha de la cámara les negaron a todas las personas que perciben el Ingreso Mínimo Vital una subida del 9% en la prestación que reciben del Estado por estar en riesgo de pobreza y exclusión social, con lo que, en vez de ayudarles a salir de su situación, quedarán más desprotegidas y tendrán mucho más difícil afrontar los inasumibles precios de los alquileres.
Y a todo lo anterior, por si no fuera suficientemente injusto, cruel y despiadado con las personas con menos recursos, se sumó el fin de la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y de los cortes de suministros básicos. En un país cuyo parque de vivienda social no llega al 2% del total y que camina con paso firme hacia la desprotección absoluta del derecho a la vivienda, que abre la puerta al resto de derechos fundamentales, PP, Vox, Junts y UPN ayer completaron su sueño de obsequiarnos con la semana más trumpista que podamos recordar, abandonando a quienes hace tiempo que salieron de la protección de una sociedad que les rechaza y les abandona a su suerte.
No podemos dejar de señalar que el segundo decreto que debía recibir ayer la convalidación de la Cámara Baja, y que suponía mantener el impuesto a las grandes energéticas para garantizar los ingresos necesarios en el Estado social y democrático de derecho que propugna el artículo 1 de la Constitución Española, decayó con los votos, esta vez, del PP, Vox, Junts, UPN y PNV. Nada más y nada menos que 1.000 millones de euros menos tendrá nuestro Estado para garantizar derechos como la sanidad, la educación y la vivienda.
Por todo lo anterior, la FRAVM, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil española y madrileña, no puede sino expresar su más absoluto rechazo a la actitud irresponsable del PP, Vox, Junts, UPN y PNV que, atendiendo a intereses propios y no de la ciudadanía, nos condenaron ayer a sufrir aún más en un momento en el que el cohete económico solo está llegando con claridad a las élites sociales, empresariales y más pudientes de nuestro país. En un momento en el que la emergencia habitacional es de tal calibre que una inmensa mayoría de la población tiene, al menos, dificultades para afrontar el coste de su vivienda, cuando no directamente le es imposible asumirlo.
Frente al retroceso que supone la desaparición del Escudo Social, hacemos un llamamiento a la ciudadanía madrileña a inundar las calles el próximo 9 de febrero en la manifestación convocada por el Movimiento Hábitat 24 para reclamar soluciones urgentes a los partidos y gobiernos que en Madrid nos abandonan y han dejado en manos del mercado nuestro derecho a una vivienda digna y sostenible y, con ello el acceso al resto de derechos fundamentales.
