El pasado 3 de febrero el alcalde de Leganés, Jesús Gómez, declaró que el municipio optará a acoger el proyecto “Euro Vegas” que pretende implantar el magnate estadounidense Sheldon Adelson en España, un negocio, en palabras del primer edil, “como otro cualquiera” que puede ayudar a hacer frente al grave desempleo que se registra en la Comunidad de Madrid.

A juicio de la federación Local de las Asociaciones vecinales de Leganés, el alcalde oculta “de forma consciente” que el macro complejo de juegos de azar propuesto inicialmente a la Comunidad de Madrid prevé la construcción de 36.000 habitaciones de hotel, seis casinos y hasta tres nuevos campos de golf.

Los representantes vecinales recuerdan que otra de las exigencias impuestas por el magnate para implantar el negocio en la Comunidad de Madrid es que los responsables políticos efectúen cambios legislativos de gran calado en materia laboral y en la regulación urbanística del suelo. En concreto, señala la Federación, “la propuesta plantea cambiar el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Extranjería, la total exención, durante dos años, de las cuotas a la Seguridad Social de las personas contratadas, así como de todos los impuestos municipales, autonómicos y estatales”.

En palabras de los portavoces vecinales, “el alcalde oculta a los vecinos que el magnate exige, además, cambios en los horarios comerciales, en la ley del juego y en la ley de Enjuiciamiento Civil, una ley que garantice la exclusividad del negocio, otra que les asegure ventajas fiscales durante 10 años y nuevas leyes del Impuesto sobre Sociedad, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del IRPF”.

A juicio de los portavoces de la federación vecinal, esos requisitos tienen un nombre: “esclavitud en las condiciones de trabajo, gratuidad en el terreno donde se construyera el complejo y fraude fiscal”.

Las asociaciones vecinales muestran, asimismo, su preocupación por las consecuencias medioambientales generadas por la construcción del megaproyecto en lo que respecta a la conservación de los espacios naturales del municipio, el incremento exponencial de la demanda de recursos y la generación de residuos que se derivan de la ejecución de este tipo de proyectos”.

Por todo ello, la federación llama a los responsables políticos a que rechacen de plano la creación de la “isla legal” en las condiciones impuestas por sus promotores.