Los datos del paro dados a conocer estos días confirman que, lejos de vivir en una región cuyas condiciones de vida animan el “efecto llamada”, como se empeña en “vender” Esperanza Aguirre, las vecinas y vecinos de la región sufren cada días más no solo los efectos de la crisis, sino las consecuencias de algunas decisiones del Gobierno regional, decidido a convertir nuestra comunidad en un escaparate de promociones para las empresas privadas.

En nuestra región ya son 511.465 las personas en situación de desempleo. Solo en el mes de enero, 22.756 perdieron su trabajo, una caída que arroja datos escalofriantes: 734 personas perdieron al día su sustento en nuestra región. Para todas ellas, la mera supervivencia se complica y se convierte en un verdadero reto para las 330.000 personas paradas que no perciben ninguna prestación o subsidio.

Lejos de consolidar los resortes públicos para dar respuesta a las familias más desfavorecidas, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre se afana en convertir la región en un casino de jugosos reglamos para las empresas privadas. Muestra de ello es la total liberalización de los horarios comerciales que amenaza al pequeño comercio; la privatización del Canal de Isabel II, una solvente empresa pública que proporciona beneficios a las arcas públicas que, en adelante, ingresarán empresas privadas; la apertura del Club de Campo a los inversores privados; la delirante construcción de un enorme complejo de casinos impulsado por el multimillonario estadounidense Sheldon Adelson y, sobre todo, la paulatina pero decidida privatización de la educación y la sanidad públicas.

Ni siquiera la consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, muestra el más mínimo interés por las familias azotadas por el paro. Nadie conoce qué medidas contemplan las políticas de empleo para 2012. Lo que no ignoramos es su negativa a fortalecer los programas de rentas mínimas y rentas básicas que permitan, al menos, sobrevivir a las familias más necesitadas.

Mientras más de 700 personas se quedan sin trabajo y 40 familias pierden sus casas al día en la comunidad que gobierna, Esperanza Aguirre sigue obsesionada con convertir Madrid en un paraíso fiscal para quienes más ganan, a costa de privar a la Hacienda madrileña de cerca de 3.000 millones de euros anuales.

Porque los beneficios de los privilegiados se construyen a costa de los recortes de los más desfavorecidos y porque solo se pierde la batalla que no se libra, las asociaciones vecinales se sumarán a la manifestación que mañana, a partir de las 18.30h recorrerá las calles de la capital desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol.