Las asociaciones vecinales de las grandes ciudades de España quieren poner en primer plano las limitaciones de la Ley del Derecho a la Vivienda de 2023 y la necesidad de abordar dos fenómenos abiertos en las grandes ciudades: la especulación y la gentrificación o expulsión de la población. Con este objetivo, proponen el siguiente decálogo:
1. Reclamar al Gobierno central que se empiece a aplicar la Ley de vivienda en aquellas comunidades que ya hayan declarado las zonas tensionadas. Eso implica definir ya el índice de precios de referencia que indica la propia ley.
2. Reclamar a las comunidades autónomas que aún no lo hayan hecho que declaren las zonas tensionadas para poder activar los beneficios de esta ley.
3. Que se impulsen proyectos de vivienda pública o protegida en todas aquellas ciudades que tienen suelo edificable y se amplíe la compra directa por tanteo y retracto en zonas urbanas sin suelo, elevando la inversión pública en materia de vivienda al 2% del PIB.
4. Que se impulsen ayudas a la rehabilitación en barrios vulnerables hasta alcanzar una tasa del 3% anual y que se vinculen a la cesión de privada a pública en los casos necesarios.
5. Proteger la existencia de un 30% de vivienda asequible en las calificaciones urbanísticas de los Planes Generales.
6. Prohibir la venta en el mercado privado de suelo e inmuebles públicos.
7. Eliminación de las exenciones fiscales de las sociedades de inversión SOCIMIS y SICAVS y el sistema Golden Visa.
8. Regulación de los alquileres de uso turístico, temporal y de usos comerciales.
9. Nueva ley de residencia que exija cuatro años para la adquisición de vivienda.
10. Mejorar el sistema de registro de contratos y de vivienda vacía para que las administraciones puedan tener datos fiables, sin depender de los del sector privado.
