“En un acto público, el 5 de julio entregamos las llaves del local a los vecinos de Prosperidad, que son los que lo usan a diario, y éstos optaron por no consignarlas a la Comunidad de Madrid, así que no lo vamos a hacer ahora. Resistiremos ante el desalojo pues consideramos que es necesario un local público para seguir con las actividades en el barrio”, indica la asociación. Con objeto de frenar un desahucio que puede poner en riesgo una labor altruista de más de 35 años, Valle-Inclán ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Consejería de Educación, actual propietaria del inmueble. Además, acaba de lanzar una campaña de recogida de firmas on-line (noaldesalojoavvalleinclan.org) y convoca a los vecinos y vecinas a protestar todos los sábados del mes de agosto a las 12h en la plaza de Prosperidad.

Recordemos que el pasado 15 de junio, a pesar de que funcionarios del Gobierno regional habían garantizado la renovación de la cesión, el colectivo ciudadano recibió una carta de la Comunidad de Madrid para que, en fecha 5 de julio, entregara las llaves de un local en el que desarrolla su actividad desde hace cinco años. Valle-Inclán no sólo no lo hizo sino que, en ese periodo, recabó centenares de adhesiones ante una medida medida que “constituye un nuevo ataque al movimiento vecinal y un recorte más de los derechos sociales de la ciudadanía con el pretexto de la coyuntura económica”. Además del PSOE e IU y de organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la FAPA Giner de los Ríos, ATTAC o la Asamblea de Movimientos Sociales de Madrid, personalidades como Carlos París, presidente del Ateneo de Madrid o Federico Mayor Zaragoza, presidente de la fundación Cultura de Paz y ex director general de la Unesco han mostrado su apoyo cerrado a la entidad ciudadana frente a una “decisión incomprensible e injustificable” de la Comunidad de Madrid, en palabras de este último.

Pero, a pesar de este hecho y de la intensa actividad que Valle-Inclán desarrolla actualmente en el local amenazado, el Gobierno regional se ha negado hasta el momento a rectificar su posición y “no hace otra cosa que marear la perdiz”, en palabras de los representantes vecinales. Según Gloria Cavanna, presidenta de asociación de 2000 a 2009, la orden del Gobierno regional ‘es un ataque más al movimiento vecinal y requiere una respuesta. El desalojo es un nuevo recorte a los derechos sociales que afecta a toda la ciudadanía. No sirven los criterios puramente monetaristas ni el pretexto de la crisis, el local es imprescindible, por lo que seguiremos movilizando a los vecinos, denunciando lo que consideramos es obstaculizar la labor de esta asociación en su justa lucha por tener un barrio cada día mejor”.