Éxito en la concentración contra la Ley Ómnibus, que no impide su aprobación en la Asamblea de Madrid

Varios centenares de personas se dieron cita ayer jueves, 15 de diciembre, a mediodía ante la Asamblea de Madrid con el fin de pedir la retirada de la Ley Ómnibus, una norma muy lesiva para el medio ambiente, los servicios públicos y los bienes comunes. Pero ni la oposición ciudadana ni el rechazo de los grupos de izquierda, tal y como estaba previsto, pudieron impedir que PP y Vox la aprobaran con sus votos en el Parlamento regional.

Éxito en la concentración contra la Ley Ómnibus, que no impide su aprobación en la Asamblea de Madrid
Concentración contra la Ley Ómnibus ante la Asamblea de Madrid, 15 de diciembre de 2022

La concentración estuvo impulsada por la Plataforma Paremos la Ley Ómnibus, que agrupa a 50 colectivos vecinales, sindicales, profesionales y sociales, así como por el espacio que convocó la multitudinaria manifestación en defensa de la sanidad pública del pasado 22 de octubre.

Y es que la Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, más conocida como Ley Ómnibus, recoge la puesta en marcha de una Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, adscrita al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), lo que supone la creación de un organismo independiente que podrá realizar contrataciones de cualquier bien o servicio en materia sanitaria a cualquier entidad que adopte la forma de sociedad mercantil, sin control parlamentario, llevando así a privatizaciones encubiertas con cargo al erario público.

Durante la protesta, las entidades convocantes solicitaron a la Consejería de Sanidad que apueste por una gestión directa de los recursos, evitando duplicidades de organismos que lo único que hacen es incrementar gastos sin reforzar el sistema sanitario público, infrafinanciado desde hace décadas.

Además, pidieron a los grupos parlamentarios que se han opuesto a la aprobación de la ley, que se identifican con Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE, que recurran la nueva norma ante el Tribunal Constitucional y, en caso de gobernar, tras las elecciones de mayo de 2023, la deroguen.

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