Decenas de asistentes procedentes de varias regiones del Estado participaron, durante el fin de semana pasado, en las jornadas sobre Ciudadanía y sostenibilidad.

Los procesos de desarrollo económico y modernización del país, no siempre homogéneo en las comunidades del Estado, suponen un reto importante para las asociaciones vecinales. El aumento del consumo del agua y energía, así como de la producción de residuos que exigen tratamientos adecuados provoca, no sólo efectos negativos sobre el medio ambiente, sino considerables incrementos en las tarifas e impuestos y, por tanto, tiene un considerable impacto en las economías domésticas, castigadas por la precarización del trabajo y sujetas, en consecuencia, a una notable pérdida del poder adquisitivo.El nuevo marco europeo obliga a los estados miembro a un riguroso control de las medidas ambientales, al tiempo que exige la internalización de todos los costes en los precios a facturar. Recomienda, asimismo, fomentar la participación ciudadana como elemento clave para el consenso social y una nueva cultura basada en el ahorro y la sostenibilidad.

En nuestro país, la aplicación de tales programas por parte de la administración central, así como por las autonómicas y locales, implica un fuerte y progresivo incremento de los precios, especialmente en aquellos municipios y comunidades que parten de precarios equilibrios presupuestarios. La necesidad de financiar costosas infraestructuras tenía hasta ahora una oportunidad en los fondos de cohesión europeos. A partir de ahora, sin embargo, éstas correrán a cargo del erario público. La liberalización de la economía de mercado, que premia el mayor consumo con menor coste unitario, no resulta indicada para estos servicios. De hecho, las directivas europeas consideran más apropiados los criterios de progresión en los impuestos ambientales como forma de estimular el ahorro.

Participaron en las jornadas, entre otros, Marta Morén Abat, de la subdirección de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente; Ladislao Martínez, de Ecologistas en Acción; representantes del Canal de Isabel II, de la Federación Española de Municipios y Provincias y de los grupos parlamentarios del PSOE, Izquierda Unida y PP. Javier Alcázar, responsable de Empleo y Economía de esta última, se comprometió a llevar al Congreso de los Diputados una proposición para rebajar el IVA de los servicios básicos del actual 16, al 4%, en respuesta a la reivindicación que, desde hace años, defiende el Grupo Coordinador.

Las asociaciones de vecinos del estado español llevan dos años trabajando de manera conjunta para instar al Gobierno a que aplique el IVA superreducido (4%) a los servicios de suministro domiciliario de gas, electricidad, agua y telefonía fija en tanto constituyen servicios básicos para el desenvolvimiento de la vida cotidiana.

Las mayoría de los participantes y asistentes coincidieron en que las políticas medioambientales del Gobierno español son poco incisivas, particularmente en lo referente a la gestión de residuos.

En breve daremos a conocer un resumen de las intervenciones y las conclusiones del encuentro.