Con el objetivo de “poner en marcha las aulas digitales del siglo XXI, aulas dotadas de infraestructura tecnológica y de conectividad”, el Gobierno de España comenzó a instalar en 2009 Wi-Fi en los colegios en el marco del proyecto Escuela 2.0, una iniciativa impulsada por el ministerio de Educación en colaboración con las comunidades autónomas. En virtud de este proyecto, cada alumno de Primaria contará con un portátil con conexión a internet en cada aula a través de Wi-Fi, un sistema de conexión inalámbrica a internet.

 Tras las “bondades” de la conexión universal a internet, sin embargo, se ocultan algunos aspectos cuyo alcance es desconocido para la mayoría de la población: las radiaciones electromagnéticas incrementan notablemente el riesgo de cáncer, de afecciones que reducen la fertilidad, de reacciones alérgicas… debilitando, al tiempo, el sistema inmunológico. Sobre estos y otros peligros han alertado de forma insistente numerosos expertos y organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, sin ir más lejos, calificaron los campos electromagnéticos generados por los móviles y el Wi-Fi como “posibles cancerígenos” y lanzaron una “alerta internacional” apelando a la responsabilidad de los gobernantes como garantes de la salud de sus conciudadanos.

Países como Francia, Alemania o Canadá tomaron nota de la advertencia y han aprobado algunas medidas dirigidas a prevenir a la población de los peligros que el uso de teléfonos móviles y sistemas Wi-Fi comportan para la salud. Francia, por ejemplo, ha empezado a trabajar en una legislación para prohibir el uso de telefonía móvil por parte de los más pequeños. El Gobierno federal germano, por su parte, ha recomendado el uso de sistemas de acceso a internet por cable.

En España, por el contrario, las administraciones públicas están promoviendo los sistemas inalámbricos de acceso a internet haciendo caso omiso a las recomendaciones europeas aprobadas en sentido contrario, como la resolución 1815 del 27 de mayo de 2011, por la que la Asamblea General del Consejo Europeo instaba a los estados miembro a proteger la salud de la población especialmente la de los niños frente a este tipo de radiaciones de alta frecuencia recomendando dar preferencia en las escuela a las conexiones cableadas frente a las inalámbricas. Ayer, los colectivos que forman parte de la plataforma Escuela Sin Wi-Fi pidieron públicamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a los ministros de Sanidad y Educación y a toda la clase política “que tomen nota y obren en consecuencia con las recomendaciones emitidas en relación a la exposición de la población a campos electromagnéticos”. En una rueda de prensa celebrada en la sede de Ecologistas en Acción, Irune Ruiz, portavoz de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, alertó sobre los perniciosos efectos de la “industria de la fabricación de la duda y aplazamiento de las medidas de precaución”, métodos desarrollados para defender los intereses de la industria del tabaco, el amianto, y otros tóxicos que consiste en dilatar la adopción de medidas de precaución por el hecho de que no haya consenso sobre los efectos de su actividad o producto.

En el transcurso de la rueda de prensa, los portavoces de Escuela sin Wi-Fi reclamaron que las escuelas se declaren “zona blanca” sin contaminación electromagnética y exigieron que, tal y como se pide en la resolución 1815, el Ejecutivo diseñe e implemente, en el ámbito de los diferentes ministerios (Educación, Medio Ambiente y Sanidad), campañas de información dirigidas a enseñantes, padres y madres y niñas-os sobre el buen uso de las tecnologías de la información con el fin de evitar los riesgos específicos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y otros dispositivos que emiten microondas, todo ello con la participación de las asociaciones de afectados.

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