Desde que en 1999 la cárcel de Carabanchel fue desmantelada como consecuencia de la decisión del ministerio de Interior de trasladar las prisiones situadas en el interior de las ciudades a la periferia, las entidades vecinales de Latina y Carabanchel han trabajado con un objetivo muy claro: que los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel se dediquen en su integridad a la construcción de equipamientos sociales. Para ello es necesario promover un cambio de uso de las parcelas, de residencial a dotacional, ya que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), de 1997, prevé la construcción de 1.300 viviendas de renta libre. Las vecinas y vecinos, sin embargo, tienen otras prioridades para una parcela situada en la frontera de los dos distritos más poblados y consolidados de Madrid: Latina y Carabanchel, que poseen un déficit de equipamientos públicos que comienza a dejarse sentir en la calidad de vida de los vecinos.

En el año 1993 la Coordinadora de Latina llevó a cabo una encuesta en la que preguntaban a los vecinos qué equipamientos consideran que se habrían de construir en los terrenos de la cárcel. El resultado fue inequívoco: un hospital. Y es que las vecinas y vecinos de Latina llevan años sufriendo la saturación y la precaria atención del Hospital Clínico, el hospital de referencia del Área 7 de Atención Especializada de Madrid que a una población aproximada de 650.000 personas. Desde entonces, el apoyo vecinal a la reivindicación no ha dejado de crecer: ya son más de 80.000 las firmas recogidas y registradas en las distintas administraciones implicadas y más de una decena las manifestaciones que han clamado en la calle la urgente necesidad de que se construya un hospital de referencia.

Ayer la Coordinadora de Latina convocó un acto público más dirigido a intentar acelerar los trámites necesarios para ver, por fin, un hospital en los terrenos de la cárcel. Después de más de dos horas de intervenciones, las vecinas y vecinos acordaron instar a que la FRAVM y el Ayuntamiento de Madrid propongan a la Administración del Estado “la constitución de una mesa de discusión que analice y replantee el uso de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel”, tal y como acordaron en el Plan de Inversiones de Latina, suscrito el 18 de enero del pasado año y convocar una manifestación que tendrá lugar el próximo 1 de marzo.