El Tribunal Superior de Justicia de Madrid requiere la documentación de la Operación Chamartín

El TSJM rechaza en un reciente acuerdo el recurso de Distrito Castellana Norte (DCN) para impedir que diversos documentos de la Operación Chamartín se aporten al procedimiento judicial abierto a instancias de Ecologistas en Acción y la FRAVM. Estas dos entidades valoran muy positivamente la decisión judicial pues ahora “se podrá tener acceso oficial a la documentación y porque, sin duda, afectará a los otros dos recursos que DCN ha interpuesto, decayendo su tesis de que se trata de documentos privados”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid requiere la documentación de la Operación Chamartín
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Mediante Decreto de fecha 20 de noviembre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por Ecologistas en Acción y la FRAVM, contra la aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en el ámbito Madrid Nuevo Norte. El 11 de febrero de 2019, ambos colectivos solicitaron la ampliación del expediente aportado por el Ayuntamiento de Madrid, al faltar todos los contratos y demás documentos firmados, en los últimos 25 años, entre Renfe/Adif y DCN. Para ambas organizaciones, esos documentos forman parte indisoluble del expediente que se ha recurrido.

El 20 de febrero DCN se opuso a la solicitud de ampliación del expediente e interpuso el correspondiente recurso de reposición, al considerar que los documentos solicitados no forman parte del expediente correspondiente a la aprobación inicial de Madrid Nuevo Norte.

Ahora, el TSJM, mediante Decreto de fecha 14 de marzo, ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por DCN, al considerar procedente la ampliación del expediente administrativo en aras a no producir indefensión.

Esta decisión quiere decir que el Ayuntamiento de Madrid deberá completar el expediente aportando los documentos requeridos por la FRAVM y Ecologistas en Acción.

Estas dos entidades valoran positivamente la decisión judicial por dos motivos. En primer lugar, porque se podrá tener acceso a una documentación que lleva oculta 25 años y que influye en la decisiones actuales del Ayuntamiento de Madrid. Pero además, esta decisión, sin duda, determinará en los recursos que DCN ha interpuesto contra el acuerdo de Adif de 18 de septiembre de 2018 y la resolución de 19 de octubre de 2018 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, permitiendo el acceso a la información. Si el TSJM considera que los documentos -que llevan 25 años ocultos- forman parte de un expediente administrativo público, cae automáticamente la tesis de DCN de que se trata de documentos privados. Por tanto, existe una alta probabilidad de que la Justicia desestime las pretensiones de DCN en todos los procedimientos que ha abierto.

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