El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 13 de febrero el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones con el que se quiere facilitar el despliegue de redes de nueva generación, con los votos favorables de PP, PSOE y CiU. El texto, aprobado en la Comisión de Industria por el procedimiento de competencia legislativa plena con 37 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, pasará directamente al Senado, donde tendrá que volver a ser votada antes de su entrada en vigor.

La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECEEM), integrada por asociaciones de afectados por la contaminación electromagnética, Ecologistas en Acción, confederaciones vecinales y organizaciones sociales, lamenta que el proyecto de Ley de Telecomunicaciones haya pasado su trámite en el Congreso de los Diputados sin atender las demandas y propuestas que estas organizaciones presentaron a los grupos políticos, fundamentadas en la Resolución 1815 del Consejo de Europa.

En la citada resolución, la Asamblea Parlamentaria propone 23 recomendaciones a los Estados miembro, entre las que destacan la necesidad de reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente de los niños y jóvenes que, al parecer, corren mayor riesgo de padecer tumores cerebrales. Insta, por tanto, a los centros de enseñanza a instalar conexiones a internet por cable marginando el wifi y a limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños, como hacen en Francia.

El Consejo recomienda, asimismo, prestar especial atención a las personas electrosensibles afectadas por un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos cada vez más extendido.

La PECCEM asiste desconcertada a las incongruencias y a la falta de sintonía entre los diferentes instituciones que elegimos y nos representan y, sobre todo, por la inconcebible falta de atención del Parlamento español a las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria de Europa.

Esta ley permitirá un aumento de estaciones base y redes inalámbricas con el consiguiente aumento, también, de la contaminación electromagnética, una situación que, como advierte el CE, “puede llevarnos a costes económicos y sanitarios muy elevados, como fue el caso del amianto, la gasolina con plomo y el tabaco.”

Suprimir las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de las redes sustituyéndolo por una simple declaración de responsabilidad representa un grave recorte de las competencias municipales y autonómicas en materia de medio ambiente, salud pública, seguridad pública y ordenación urbana, olvidando los derechos de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente saludable y a preservar el derecho a la salud.

Pedimos a nuestros representantes que atiendan a las demandas y preocupaciones de los ciudadanía y que pongan por delante de los intereses particulares y lucrativos de las grandes corporaciones el derecho básico a la salud de la población introduciendo en el trámite del Senado de esta Ley las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.