A partir de febrero, el billete de Metro y autobús nos costará un 3% más de media. Este incremento se suma a otros aprobados el pasado año —un 11% en mayo, la mayor subida en diez años y un 2% más aplicado con ocasión de la subida genérica del IVA—, sin que el encarecimiento del servicio se note en la mejora de su calidad. Todo lo contrario: Metro ha perdido una media del 14% de sus trenes, con el consecuente incremento del tiempo de espera, y los usuarios de los autobuses urbanos e interurbanos disponen de un 5% menos de buses respectivamente. Además, 21 vestíbulos de la red metropolitana de metro han sido clausurados.

Este nuevo incremento profundiza la senda del deterioro y la privatización de los servicios públicos que está llevando a cabo el Gobierno regional, una senda que castiga a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y que, en este caso, empuja a la ciudanía a utilizar el vehículo privado en detrimento del transporte público.

La FRAVM reclama al consorcio que retire la subida y que cree un abono social para las familias sin recursos y las personas desfavorecidas al objeto de que el transporte social no se convierta en otra barrera que agrave la exclusión social de crecientes sectores de la ciudadanía.