En abril hará dos años que, como consecuencia de las obras de construcción de la autopista de peaje R-3 proyectada por el Ministerio de Fomento, se cortó la avenida de Daroca, la arteria que une el distrito de Vicálvaro con el centro de la ciudad. La construcción de la polémica vía ha supuesto, amén de la incomunicación de los vicalvareños con respecto al resto de la capital, graves perjuicios medioambientales, un alarmante incremento en el tiempo de llegada al hospital de referencia, el Gregorio Marañón y una escandalosa fractura social en un distrito que prevé la llegada de 300.000 nuevos vecinos. Desde entonces, los vecinos han protagonizado una sonora campaña de movilizaciones dirigida a encontrar una salida negociada que acabe con los atascos que miles de vecinos sufren todas las mañanas ya que, tras la clausura de la avenida, los coches son desviados hacia la M-40 por la calle Fuente Carrantona o por la avenida de Canillejas hacia Vicálvaro, dos opciones que ralentizan notablemente la llegada al centro de la capital. También los usuarios del transporte público sufren las consecuencias del cierre de la avenida ya que los autobuses de la línea 106 han incrementado en media hora el tiempo de llegada a su destino, la plaza de las Ventas.
Tras varias movilizaciones que conquistaron un notable eco mediático, el 25 de julio del 2003 el pleno del Ayuntamiento aprobaba, con el apoyo de los tres grupos políticos municipales, la creación de un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Fomento, la FRAVM y las asociaciones de vecinos del ámbito y el Ayuntamiento de Madrid para buscar una salida negociada a los graves problemas de comunicación generados por el cierre de la avenida Daroca. De las reuniones de trabajo convocadas surgieron algunos principios de acuerdo que, según lo aprobado en la reunión mantenida en noviembre de 2004, habrían de redactarse en forma de conclusión en un nuevo encuentro que tendría lugar a principios del año en curso. Esta cita, sin embargo, todavía no ha tenido lugar. El silencio y la ausencia de movimientos han llevado a los vecinos de Vicálvaro a organizar una nueva movilización que recuerde a las administraciones local y estatal que es su obligación buscar una salida a la incomunicación generada por el cierre del “cordón umbilical” que une el distrito con el resto de la ciudad, máxime cuando, como en este caso, se ha priorizado una autopista de peaje gestionada por una empresa privada desmantelando para ello una vía construida hacía tan sólo cinco años con un presupuesto de 500 millones de las antiguas pesetas y que fue presentada por la concejala del distrito, Carmen Torralba, como punta de lanza de su campaña electoral y ejemplo de la dignificación del transporte. La movilización anunciada por la Plataforma Ciudadana Salvemos la Avenida Daroca tendrá lugar el próximo sábado 14 de abril.
