El pasado 14 de marzo, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid registró una proposición de ley para cambiar los artículos 99 y 135 de la vigente Ley 9/2001 del Suelo. El trámite elegido ha sido el de lectura única (que imposibilita la presentación de enmiendas) y urgencia. Es decir, el texto propuesto se lleva al Parlamento sin la intención de consensuar, con el único objetivo de tener, cuanto antes, el cambio legislativo. El Grupo Popular cuenta con el apoyo de Ciudadanos. De hecho, el trámite de lectura única y urgencia, se ha aprobado gracias al voto de Ciudadanos en la Mesa de la Asamblea.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), mediante sentencia de 8 de marzo de 2017, ha anulado varias licencias de primera ocupación (necesaria para habitar las viviendas) concedidas por el Ayuntamiento de Madrid, en 2014, cuando gobernaba el Partido Popular. En concreto son las licencias de las fincas situadas en la avenida Secundino Zuazo nº 86 a 92 y en la calle Josefina Aldecoa nº 25, dentro del ámbito denominado APE 16.11 Ciudad Aeroportuaria. Parque de Valdebebas, al norte de la ciudad.
El Tribunal concluye que las licencias no se ajustan a derecho porque el ámbito en el que se integran las viviendas, la APE 16.11, no está urbanizado en su totalidad. Es decir carece de los servicios básicos como calles, aceras, alumbrado, abastecimiento de agua, alcantarillado, etc.
La FRAVM y Ecologistas en Acción consideran que el fallo judicial está cargado de razón porque la exigencia de que esté finalizada toda la urbanización es lógica, pues de lo contrario los nuevos barrios se harían a retazos incompletos con la consecuente carencia de servicios e inseguridad para sus habitantes.
La vigente Ley 9/2001 del Suelo permite que los ámbitos denominados unidades de ejecución se edifiquen y urbanicen simultáneamente y por etapas. Es decir, que a medida que se construyen las calles se pueda ir edificando, pero no permite que se autorice la ocupación y utilización, en tanto no se finalice la urbanización del ámbito completo, no sólo de la etapa correspondiente. En los casos anulados por el TSJM los promotores conocían esta limitación. De hecho, fue un compromiso que adquirieron y firmaron con el Ayuntamiento de Madrid antes de empezar las obras. Esos promotores y la corporación madrileña de 2014 incumplieron manifiestamente la Ley del Suelo cuando concedieron las licencias de primera ocupación.
Ahora, la modificación de la Ley del Suelo propuesta por el Partido Popular y apoyada por Ciudadanos permite ocupar y utilizar esos retazos de barrios sin que esté finalizada la urbanización de todo el ámbito. Se está legislando, otra vez, para resolver cuestiones que afectan a particulares muy concretos, contraviniendo el principio jurídico de legislar para establecer normas generales, no para responder a casos excepcionales y singulares.
Esta modificación se produce paralelamente a la tramitación del proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo, una polémica norma que sólo cuenta con el apoyo de los Grupos Popular y Ciudadanos. Está previsto que la nueva norma sea aprobada antes del verano. Por ello, si la nueva Ley del Suelo pactada con Ciudadanos ya incorpora los cambios que se introducen en la modificación propuesta, sólo cabe concluir que la pretensión es acelerar un cambio normativo para puentear un fallo judicial y “legalizar” unas licencias de primera ocupación concedidas irregularmente.
Lamentablemente existen demasiados precedentes, el más reciente en 2015, cuando el Grupo Cuidadanos, en esa ocasión con el apoyo del Grupo Popular, aprobó otra modificación de la Ley 9/2001 del Suelo para eludir las sentencias que pesaban sobre la Operación Chamartín y la Operación Mahou-Calderón. Durante las legislaturas, con mayoría absoluta del Partido Popular, en los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, la vía de la modificación de la Ley del Suelo a medida para sortear problemas particulares, se produjo hasta en trece ocasiones.
Ecologistas en Acción y la FRAVM lamentan que se excluya del debate y de la política urbanística a quienes la sufren a diario, la ciudadanía.
Imagen: Periódico 15M
