Se trata de una propuesta completa, realista y muy documentada en la que, antes de exponer diez medidas concretas, la entidad da cuenta de la magnitud de la problemática en Leganés. Como sucedió en otras localidades de la región, en los años sesenta el amianto se usó como componente del llamado fibrocemento en la construcción de “viviendas, edificios públicos, conducciones de agua, colegios, centros sanitarios, instalaciones deportivas y un largo etcétera”. Prohibido en España desde 2002 y en toda la UE desde 2005, los productos que lo contienen no presentan peligro mientras se mantengan en buenas condiciones de conservación y no soporten agresiones “por el mal manejo o por meteoros (vientos, terremotos, etc)”, pero “son susceptibles de generar un riesgo muy elevado para la salud en caso de deterioro”.

¿En qué estado se encuentran las instalaciones de Leganés afectadas? Lo desconocemos, y por ello, la primera medida que incluye la proposición de la asociación vecinal es la “elaboración de un estudio global de las viviendas y edificios públicos y privados en los que se encuentra este material cancerígeno, priorizando en el tiempo el estudio relativo a los edificios públicos de gran concurrencia de público como son los colegios, instalaciones sanitarias y deportivas, tanto públicas como privadas”. Este mapa debería de elaborarse en el plazo máximo de un año y los trabajos para llevarlo a cabo deberían ser supervisados por una “comisión de control y seguimiento formada por todos los grupos con representación municipal y representantes de los
sindicatos, asociaciones vecinales, AMPAs y grupos ecologistas”, que se reunirá cada dos meses.

Es evidente que el Consistorio ha de fijar una partida presupuestaria para llevar a cabo esta investigación, algo imprescindible para que la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias en la materia, ponga en marcha a continuación las medidas oportunas para el desamiantado de los edificios que contengan el material nocivo.

La medida número seis de la proposición incluye la obligación del Ayuntamiento de dotar de medios a los trabajadores municipales “que en el día a día están desarrollando tareas de mantenimiento o derribo de edificios, así como la retirada de escombros de los vertederos”. La Asociación Vecinal de Zarzaquemada alerta de la existencia de restos de planchas de Uralita, producto que contiene amianto, en escombreras ilegales de la ciudad. Estos restos, muy deteriorados, se encuentran al aire libre y al alcance de cualquier paseante.

Respecto a las reformas de las viviendas privadas que contengan material con amianto, la entidad propone que el Ayuntamiento ejecute una “campaña informativa destinada al conjunto de la población destacando los riesgos que para la salud implica el no proceder de acuerdo a las normas establecidas”.

Además, sugiere la creación de “un espacio municipal específico para depositar residuos domésticos que contengan amianto” y de la figura del “agente medio ambiental”, un profesional que, con los medios necesarios, tratará de evitar vertidos incontrolados como los que se producen en la actualidad.

La última de las medidas de la proposición establece que “el Ayuntamiento prestará apoyo a las víctimas y asociaciones de afectados, instando a las autoridades sanitarias a que se les preste una atención adecuada y una información cualificada”.