El pasado día 18 de septiembre la ministra de Vivienda y el presidente del Gobierno presentaban públicamente el denominado “Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler”.
Desde el ministerio de la Vivienda se había anunciado la adopción de una serie de medidas de choque para que la vivienda deje de ser un problema y pase a ser un derecho.En lo concreto y en lo que se refiere al mencionado Plan, las medidas se limitan a una prestación de 210 €/mes destinada al pago del alquiler para los jóvenes ocupados y con ingresos máximos de 22.000 € anuales.
Cabe señalar que, ya en 2004, el Consejo de Ministros aprobó el denominado Plan de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo que contempla una ayuda de 240€/mes para los menores de 35 años con una renta inferior a los 19.950 € /año, por lo que la medida anunciada no aporta novedad alguna a este respecto.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) manifiesta su escepticismo sobre la efectividad de este tipo de subvenciones directas al inquilino que, aplicadas de manera aislada, contribuyen a medio plazo a una subida de los precios de los alquileres y que, a fin de cuentas, suponen una subvención pública a los propietarios.Otra de las medidas anunciadas el pasado martes hace referencia a una deducción fiscal del 10,05% para el inquilino, lo que no solamente no supone un incentivo fiscal para el alquiler, sino que ni siquiera la equipara a las deducciones fiscales vigentes para la compra. La insuficiencia de esta medida contrasta con la generosa exención fiscal del 100% para los ingresos derivados de contratos de los jóvenes menores de 35 años y el 50% de deducción para los demás casos.
Unidas a estas medidas, se suma el anuncio de otras dirigidas a incrementar la implicación del sector empresarial en el mercado de alquiler, entre las que se contempla la introducción de ventajas fiscales y financieras para los promotores de vivienda protegida en alquiler o la cesión de derechos de superficie a dichos promotores. Medidas que parecen dirigidas más a dar un nuevo balón de oxígeno al negocio inmobiliario que a garantizar el derecho ciudadano al alojamiento.
La FRAVM considera que este paquete de medidas responde más a las necesidades electorales del momento que a una sincera apuesta por impulsar el alquiler como vía de acceso a una vivienda digna y avanzar hacia la satisfacción del derecho al alojamiento.Cree, además, que el Plan está excesivamente orientado a estimular el mercado y a garantizar mejores condiciones para los promotores y no a garantizar el derecho ciudadano a una vivienda digna.
Rechaza las limitaciones de acceso a las ayudas anunciadas por razones de edad.Lamenta, asimismo, la inexistencia de medidas de penalización de la vivienda vacía y la ausencia de iniciativas dirigidas a aumentar el parque público de vivienda en alquiler, así como la falta de mención a la movilización de suelo propiedad del Estado (ministerio de Defensa, RENFE…) o a un compromiso de que éste, o parte de éste, se destine a la implementación de dicho parque.
Por último, la FRAVM quiere expresar su alarma por la posibilidad apuntada de ceder derechos de superficie a promotores inmobiliarios privados con ánimo de lucro y poner de manifiesto que el Gobierno central ha excluido del citado “Plan” las mencionadas medidas, que han sido planteadas por escrito tanto al ministerio de Vivienda como a los poderes local y autonómico en repetidas ocasiones por ésta y otras organizaciones sociales consultadas.
