La defensa de la salud pública ante la contaminación electromagnética y la determinación de aplicar el principio de precaución concitó, el pasado 6 de febrero, el consenso de todos los grupos parlamentarios de la Cámara vasca.  Todos ellos aprobaron una propuesta del PSE dirigida al Ministerio de Medio Ambiente e Industria para que el Ejecutivo central aborde una regulación de la polución electromagnética basada en la resolución 1815 del Consejo de Europa.

Bajo el título Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente, la resolución apuesta por garantizar la aplicación del principio de precaución y por minimizar los niveles de emisión de los aparatos que emiten a través de ondas electromagnéticas (wifi, teléfonos móviles…).

Los grupos  instan, además, al Gobierno vasco a realizar un mapa que recoja los niveles de emisiones de las antenas, a aportar soluciones que minimicen su impacto y a hacer un  seguimiento epidemiológico en 2014 que determine las consecuencias sobre la salud de las personas de su exposición a las ondas electromagnéticas. Por último, el Gobierno vasco deberá exigir al central que regule la instalación de antenas de telefonía en coordinación con las comunidades autónomas teniendo en cuenta “las recomendaciones recogidas por la resolución 1815 del Consejo de Europa”, de acuerdo a las reivindicaciones defendidas por la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM).